El policía nacional acusado de haber intentado asesinar en marzo de 2017 en Telde (Gran Canaria) a su expareja, a la que asestó 50 puñaladas en presencia del hijo de ambos, un bebé de once meses, ha alegado este miércoles ante la Audiencia de Las Palmas que «perdió la cabeza», según recoge EFE y comparte Manuel Trujillo para Periodista Digital.
En la vista oral que se ha celebra por esta causa, el procesado José Francisco B.O., ha admitido que «se ha destrozado la vida» por estos hechos, de los que se arrepiente y sobre los que comenzó a ser consciente, ha asegurado ante el tribunal, cuando se percató de que estaba encima de la víctima con un cuchillo en la mano, «vio el miedo en su cara» y se asustó de «lo que había hecho».
La Fiscalía de Violencia de contra Mujer pide para él 15 años de cárcel por intento de asesinato, con las agravantes de parentesco y por razón de género, porque considera que atacó a su expareja por sorpresa y sin posibilidad de defenderse -mientras preparaba el biberón del bebé- y solo cesó en su agresión cuando creyó que había conseguido acabar con su vida.
Eso ocurrió cuando la mujer, agotada, decidió «hacerse la muerta» para evitar que él siguiera agrediéndola, como ha relatado la propia víctima en su declaración en el juicio, efectuada tras un biombo. Agresor y víctima comenzaron una relación entre 2010 y 2011 y, tras romper en 2016, ella quedó embarazada en un encuentro casual que tuvieron cuando se había ido a vivir a otro municipio.
Fue así cómo ambos volvieron a vivir juntos en la vivienda que él posee en Telde, donde, el 4 de marzo de 2017, ocurrieron los hechos. Transcurridos unos meses desde que retomaron la convivencia empezaron a tener problemas porque, según ella, «él se despreocupa del niño y casi no se le veía el pelo».
Ante esta situación, ambos decidieron poner punto y final a la relación, aunque la mujer pidió algo de tiempo para poder encontrar un trabajo y «marcharse con su hijo», que alumbró pese a que él le pidió que abortara.
En ese tiempo añadido en el que siguieron viviendo bajo el mismo techo y en el que trataban de acordar la custodia y manutención del menor, la víctima denunció al procesado después de que este le amenazara con que un juez le podría quitar a su hijo porque, a diferencia de él, ella «no tenía trabajo ni vivienda ni era nada». Sin embargo, esa denuncia no prosperó porque no fue ratificada y se archivó, porque fue «mal asesorada por la abogada que le tocó», según ha asegurado.
