El ‘caso Julen’ se reactiva.
La Fiscalía y la familia de Julen solicitan ingreso en prisión “inmediato” del dueño de la parcela, David Serrano, que fue condenado por un delito de homicidio por imprudencia grave.
¿El motivo?, le acusan de solo haber pagadodos mensualidades de la indemnización impuesta por la Justicia.
La petición se transforma en el último capítulo de la disputa legal por el ‘Caso Julen’, el niño de dos años rescatado sin vida después de caer en un pozo de una finca de Totalán (Málaga) en enero de 2019.
Es importante recordar que Serrano fue condenado a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros, con una cuota mensual de 50 euros.
La pena de prisión fue suspendida, por lo que no ha ingresado en la cárcel, aunque estaba condicionada a cuestiones, como el pago de la responsabilidad civil pendiente, tras haber abonado ya 25.000 euros antes de la sentencia.
Pero, ahora, el fiscal ha remitido al juzgado un escrito en el que señala que el condenado “no ha cumplido las condiciones por las que se le otorgó el beneficio de la suspensión de la condena”, apuntando que las mensualidades a las que debe hacer frente son “de una cuantía mínima”, a pesar de lo cual consta que “no ha abonado dicha cantidad salvo dos meses”.
Por esto, considera la acusación pública, se debería “revocar el beneficio de la suspensión de la condena y proceder a su ingreso inmediato en prisión para el cumplimiento de la pena suspendida”.
Tras recibir el juzgado que ejecuta la sentencia dicha petición, se le ha dado traslado a la defensa y a la acusación particular, que representa a los padres.
Así, la letrada de la familia ha remitido un escrito en el mismo sentido que el fiscal, instando la revocación del beneficio de la suspensión de la condena y que se proceda al inmediato ingreso en prisión de David Serrano.
Esta acusación señala que en once meses “únicamente” se han abonado dos mensualidades, “una cuantía mínima que fue aceptada por mis patrocinados como prueba de buena fe”.
En este punto, se solicita que se revoque el beneficio, al considerar que se da en este caso “un incumplimiento grave y reiterado de una de las condiciones establecidas para la concesión de la suspensión de la condena”.
En la sentencia también se le condenó a pagar 663.982 euros a la Junta de Andalucía por los gastos en las tareas de rescate, a lo que hay que sumar la multa de 300.001 euros acordada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado mes de septiembre, a instancias de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, por una infracción de carácter muy grave en materia de seguridad minera.
