Se llama Juana Igeño, tiene ya 83 años, está más arrugada que una pasa, camina con dificultad y durante la friolera de 33 años estuvo cobrando la pensión de un muerto.
Sin pestañear.
El exdirector de la sucursal bancaria, donde Juana retiró el dinero estafado durante muchos años, ha relatado que en 1981, la buena mujer se abrió una cuenta de ahorro con el nombre del fallecido.
Ha explicado el hombre que la señora iba al banco con con la Fe de Vida, el certificado que declara que una persona está viva, y que siempre explicaba que el beneficiario de la pensión permancía enfermo en casa.
«La mujer vino con un DNI caducado y le comenté que debía llevar un notario si la persona del DNI estaba impedida en casa».
Y añade que, sin cortase un pelo, Juana Igeño, le decía con cara de pena:
«Si usted le viera, el pobrecito no se puede ni mover».
La pensión que se embolsaba Juana, correspondiente al finado, era por incapacidad absoluta.
Vaya por delante que en 1980, cuando comenzó a cocinar el ‘pastel‘, la estafadora trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid y se aprovechó de la muerte de un interno, que no tenía familiares, para apropiarse de su DNI y de sus datos bancarios para cobrar su pensión de jubilación por incapacidad absoluta.
Para ingresar el dinero, el 23 de diciembre de 1981 la acusada abrió una cuenta corriente en Caja Madrid a nombre del fallecido en la que domicilió el pago de las pensiones y desde donde retiraba todos los meses en efectivo el dinero ingresado.
Sin embargo a partir de 2008 modificó su ‘modus operandi’ y falsificó una autorización a su nombre firmada aparentemente por J.P.M. que le permitía hacerse con el dinero.
Inicialmente la cantidad que recibió la acusada corresponde a lo que hoy son 104,16 euros, pero en 2012 la suma ascendió a 675,64 euros mensuales y en 2013 a 689,15, de manera que la acusada obtuvo un total de 205.590,02 euros, según la Fiscalía.
La condenada ha mostrado su arrepentimiento al reconocer que falsificó hace 33 años el DNI del fallecido y ha terminado aceptando una rebaja de la pena en la solicitud fiscal de seis años a dos años de cárcel por la aplicación de atenuantes de dilaciones indebidas y atenuante del daño.
Le han caído, gracias a la rebaja aceptada por ella y la Fiscalía, 2 años de prisión y una multa de 147.963 euros.
«Estoy muy arrepentida. Voy a pagar todo lo que debo a la Seguridad Social», ha aseverado la mujer, de 83 años, entre lágrimas al inicio de la vista oral.
Juana Igeño se enfrentaba a seis años de prisión por delitos de estafa y falsedad documental pero finalmente la pena ha quedado reducida a dos años y al pago de 147.963 euros tras un acuerdo de conformidad entre las partes.
La estafa se inició en 1980 y ascendería a los casi 200.000 euros.
El acuerdo solo se refiere a la parte penal, dado que Bankia no ha aceptado el pacto alcanzado al mostrarse en contra de la cuantía a pagar.
Esta entidad bancaria es responsable civil de los hechos debido a que no se percató de lo que estaba sucediendo, según le acusa la Tesorería General de la Seguridad Social.
El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se ha celebrado para dilucidar si Bankia era responsable subsidiaria como solo manifestaba la acusación de la Tesorería general de la Seguridad Social, para lo que han declarado el exdirector de la entidad donde la acusada extraía el dinero y la inspectora de policía encargada de la investigación.
En enero de 2013 la entidad Bankia (antes Caja Madrid) exigió a la acusada la presentación de una Fe de Vida y Estado del fallecido que la acusada obtuvo del Registro Civil Único de Madrid y que presentó junto al DNI original y una autorización a su favor que ella misma había confeccionado imitando su firma.
Finalmente, fue detenida en julio de ese año acusada de un delito contra la hacienda pública y falsificación de documentos.
