El ‘buenismo’ de la izquierda suele tener consecuencias sobre la seguridad ciudadana como la que tristemente vive Barceolan. El pasado 27 de agosto, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional desplegaron un dispositivo de prevención contra los hurtos en el metro de Barcelona. Este martes, la asociación Irídia ha acusado a los agentes de identificar a supuestos sospechosos atendiendo a su perfil étnico –práctica prohibida que supone una vulneración de los derechos humanos– durante dicho operativo. Una acusación que desde el cuerpo rebaten esgrimiendo las cifras: entre los 70 carteristas identificados suman un total de 677 denuncias y 185 arrestos previos, según han explicado fuentes policiales a Crónica Global. Es más, uno de ellos acumula 11 detenciones y 86 denuncias, detallan, según recoge la autora original de este artículo Elena Burés en cronicaglobal y comparte Manuel Trujillo para Periodista Digital.
La semana pasada, desde ambos cuerpos avanzaron que estos despliegues se llevarían a cabo con cierta periodicidad y la policía aclaró que no pretendían identificar de manera indiscriminada a extranjeros, sino «de forma selectiva, a delincuentes». Pero las críticas de la entidad y los datos que aportan los Mossos para rebatirlas ponen sobre la mesa dos cuestiones de calado.
Por una parte, la dificultad que supone demostrar los supuestos excesos policiales y, por otra, la necesidad de actuar contra los delincuentes multirreincidentes –como pide el empresariado catalán y los partidos– para frenar el aumento de la inseguridad en Barcelona, donde se han disparado los robos con violencia e intimidación. Ya que, según los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, durante los primeros seis meses de 2019 han crecido un 30,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Una cifra que supera casi en 20 puntos la media nacional.
Respecto a la primera cuestión, el abogado penalista Oriol Francès explica que supone una vulneración de derechos fundamentales que derivaría en la nulidad de dicha identificación. En teoría, ya que, señala, en la práctica no se puede demostrar. «Si voy por la calle, y un agente me para por ser negro, y comprueban que llevo droga en el bolsillo, si la identificación previa es nula, el hallazgo no se puede tomar en consideración. Y en un caso de tráfico de estupefacientes significaría la absolución, porque no habría prueba», pone como ejemplo. El problema reside en probar que ha sido así. El coordinador de Es Racismo, Youssef Ouled, señala que una de las dificultades reside en la ausencia de datos respecto a la raza o etnia de los arrestados, ya que la ley lo impide.
«O el policía se pone a gritar en medio de la calle ‘te voy a parar por negro’, algo que evidentemente no sucede, y hay varios testigos que puedan corroborarlo ante el juez, o si no prevalecerá el atestado policial que alegará que estaban haciendo paradas rutinarias en el marco de un operativo, o que el acusado mostraba una actitud sospechosa», detalla el letrado, quien recuerda que la jurisprudencia otorga presunción de veracidad a los funcionarios. «Si tú no tienes ninguna prueba en contrario, su palabra, a efectos prácticos, no en términos jurídicos, vale más. Es lo que se llama una prueba diabólica: debes demostrar algo y no puedes, por ello es extremadamente complicado», admite.
Frente a ello, se da otra problemática, apunta Francès. «Casi todos los que cometen un delito y tienen un perfil racial que no es blanco, es lo que alegan». El abogado indica que es un recurso habitual entre los carteristas que arrestan en la capital catalana, algo que no ayuda para resolver los casos en que sí se ha producido un abuso policial. Muchos de ellos, según el abogado, son viejos conocidos de los agentes. De hecho, el operativo policial que ha cosechado críticas por supuestas identificaciones por perfil étnico tenía como objetivo poner cerco a los delincuentes multirreincidentes del metro de Barcelona.
Un dispositivo, bautizado como Draga, que nace de una propuesta de la propia policía autonómica en primavera para mejorar la seguridad en Barcelona. Y es que los agentes lamentan la imposibilidad de hacer frente a aquellos delincuentes que actúan de manera reiterada –una media de 100 carteristas operan cada día en el suburbano, lo que supone cerca del 30% de los hurtos de la ciudad– y contra los que se encuentran de manos atadas desde que en 2017 el Tribunal Supremo resolvió que los hurtos no podían acumularse. Ante esta situación, la Asociación de Fiscales, Foment del Treball, y partidos como Ciudadanos plantean modificar el Código Penal, de manera que los hurtos puedan considerarse delitos menos graves cuando haya reiteración, lo que –según los fiscales– provocaría un «importante efecto de prevención». La patronal va más allá y sugiere habilitar juzgados especiales de instrucción especializados en seguridad ciudadana, e impulsar juicios rápidos –entre 24 y 72 horas posteriores a la comisión del delito–.
