El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada señaló hoy que la petición por parte de algunas comunidades autónomas de devolver competencias al Estado es una «claudicación», ya que «lo hacen por razones puramente oportunistas».
En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), señaló que cuando las comunidades autónomas «han visto que les resulta caro» el autogobierno «prefieren volver a la administración central», algo que, a su juicio es «renunciar a una parte importante de la propia seña de identidad» de cada comunidad.
De Prada habló del derecho internacional del que destacó aspectos como «la protección de las víctimas» o «la reformulación de los derechos humanos», sin embargo cuestionó a la Corte Penal Internacional (CPI), ya que es «una CPI que en su día fue un gran hito, pero que hoy está muy limitada y condicionada por la geopolítca mundial».
De esta forma, indicó que dicho órgano internacional «tiene una gran potencialidad» pero duda que determinadas situaciones «respondan a la situación real o a los intereses internacionales de otros países», como en el caso de la intervención en Libia donde hay una «incertidumbre», ya que opinó que el Consejo de Seguridad de la ONU puede determinar «el sí o el no de la aplicación de la justicia internacional».
Así, el magistrado apostó porque «tenemos que cambiar todos» y señaló a organizaciones del tipo de Amnistía Internacional como factores clave para conseguir «la justicia para todo el mundo, e igualitaria», que «no es la de los Estados», los cuales «como Estados velarán por sus intereses», señaló.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
En referencia al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, De Prada ve «imposible» que pueda salir adelante antes de la celebración de las próximas elecciones generales en el mes de noviembre, pese a que sea «importantísimo», ya que incluso «España ha sido objeto de condenas en tribunales internacionales por no tener regulados determinados tipo de derechos».
