(EFE).- El Congreso de Ecuador ha resuelto defender su vigencia y ha anunciado que denunciará al presidente del país, Rafael Correa, ante organismos internacionales por pretender disolver la Cámara.
El Congreso seguirá «luchando de pie y no de rodillas, jamás», subrayó el diputado Ramsés Torres, del Movimiento indígena Pachakutik, tras reiterar que la Asamblea Constituyente de plenos poderes que se instalará en el país no tiene, en su opinión, facultades legales para disolver la Cámara.
Torres recordó que el Parlamento ecuatoriano decidió esta madrugada defenderse de las acusaciones de varios sectores políticos, sobre todo el movimiento Alianza País, que lidera el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el sentido de que solicitarán el cese del Parlamento mientras trabaja la Asamblea.
El movimiento oficialista Alianza País, según las proyecciones del escrutinio de los comicios del pasado domingo, obtendría cerca del 70 por ciento de los votos y unos 80 de los 130 escaños de la Asamblea Constituyente de plenos poderes.
Solicitud de renuncia
Tras la anunciada victoria del grupo de Correa, sus dirigentes solicitaron a los cien diputados del Congreso que renuncin o dispongan un receso durante los 180 días, más otros 60 prorrogables, en que funcionará la Asamblea Constituyente. Según Torres, ningún asambleísta, incluidos los que son afines al Gobierno, ha presentado su renuncia, pues considera que el Congreso puede continuar con su gestión de forma paralela a la Constituyente.
El legislador justificó así la resolución del Congreso que reafirma su defensa del «régimen democrático y el estado social dederecho», pero que también llama al diálogo al Ejecutivo y a la Asamblea para fortalecer la democracia. Ese llamamiento al diálogo permitirá, según Torres, que el presidente Correa cese en el empeño de disolver la Cámara y «entienda que hay un Congreso con mandatarios electos democráticamente, en función de la Carta Magna que está en vigor».
Acudiremos a la ONU y a la OEA
Además, indicó que el Congreso acudirá a organismos internacionales, sobre todo a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, para «denunciar» la actitud de los que sugieren la disolución de la Cámara, entre ellos el jefe del Estado. No obstante, precisó que la «denuncia» a los organismos internacionales tiene como objetivo «informarles, comunicarles, avisarles» de la situación con «la sana intención de que se analicen las circunstancias políticas que vive el país».
El congresista Bruno Proggi, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), aseguró por su parte que la resolución del Parlamento no quiere generar una confrontación con el Ejecutivo o la Asamblea Constituyente, cuya instalación se prevé para los primeros días de noviembre.
Proggi dijo que los diputados podrían cesar en sus funciones, sólo si la Asamblea así lo decide y se aprueba en el referéndum que se debe efectuar para que la población dé el visto bueno al texto de la nueva Carta Magna que redactará la Constituyente. Si en el referéndum el pueblo aprueba la disolución del Parlamento, los legisladores acatarían esa decisión, «obviamente, pero no antes», remarcó Proggi.
