Bolivia solicita extradición de ex presidente Sánchez de Lozada

Bolivia solicita extradición de ex presidente Sánchez de Lozada

El ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada afronta a partir de hoy una demanda de extradición en EE.UU., cinco años después del «genocidio» del que está acusado en su país y que en 2003 derivó en su renuncia a su segundo Gobierno.

La embajada boliviana en Washington solicitó formalmente hoy al Departamento de Estado de EE.UU. la extradición del ex mandatario y sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y de Hidrocarburos Jorge Berindoague.

Sánchez de Lozada, de 78 años, está procesado por «genocidio», que en la legislación boliviana abarca el delito de «masacre sangrienta», por la muerte de más de 60 personas durante la represión de varias protestas ocurridas entre septiembre y octubre de 2003.

El ex mandatario (1993-1997 y 2002-2003) renunció a su segundo Gobierno el 17 de octubre del 2003 y se autoexilió a Estados Unidos, donde vive desde entonces al igual que sus dos ex ministros, que están acusados de complicidad en el «genocidio».

En su primer Gobierno, Sánchez de Lozada abanderó una serie de reformas liberales en Bolivia expresadas principalmente en la privatización parcial de varias firmas estatales, mientras que en el segundo mandato sus programas enfrentaron varios conflictos sociales violentos.

En febrero del 2003, 33 personas murieron en choques entre militares y policías cerca de las puertas del Palacio de Gobierno en La Paz en medio de un motín policial contra un plan de tributos al salario.

Las protestas de octubre de ese mismo año causaron más de 60 muertos por la represión del Ejército y la Policía a sectores sociales opuestos a un proyecto de exportación de gas hacia EE.UU. por puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas.

Ese proyecto fue impulsado entonces por la trasnacional hispano-argentina Repsol YPF y las británicas British Gas y British Petroleum que, tras los sucesos del 2003, abandonaron la idea.

La acusación por «genocidio» contra «Goni», como es llamado en Bolivia, fue aprobada por el Congreso de este país en 2004 y la Corte Suprema dio curso a la solicitud de extradición en septiembre del 2007.

La Corte Suprema tardó varios meses en remitir los documentos a la Cancillería para que fueran traducidos al inglés y se pudiera plantear la solicitud formal a Washington.

El abogado de las víctimas de la matanza del 2003, Rogelio Mayta, comentó hoy a Efe que los cinco años transcurridos desde entonces muestran que en Bolivia no hay «una persecución política», como ha denunciado Sánchez de Lozada.

Según Mayta, si esa fuera la actitud del Gobierno que preside Evo Morales, impulsor del proceso contra el ex mandatario, o de la justicia todos los procedimientos se hubieran acortado pero, en cambio, tardaron «más de lo debido».

El letrado es consciente de que el proceso de extradición puede durar hasta cuatro años si Sánchez de Lozada utiliza los diversos recursos jurídicos que le permite la justicia estadounidense.

La defensa de las víctimas del «octubre negro», como se conoce en Bolivia a la matanza de octubre de 2003, también está preocupada porque el ex ministro de Defensa Sánchez Berzaín goza de estatus de refugiado político en Estados Unidos.

Sánchez Berzaín, que fue la mano derecha de Sánchez de Lozada durante sus dos gobiernos, ha acusado varias veces al presidente Evo Morales de controlar a las autoridades políticas y judiciales de Bolivia, y de no darles garantías para volver al país y defenderse.

La ausencia de los tres acusados que residen en Estados Unidos impedirá que sean juzgados en Bolivia en el proceso oral que puede comenzar este mes, a diferencia de otros nueve ex ministros y cinco ex altos jefes militares que aceptaron someterse a él.EFE

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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