La organización no gubernamental SOS Racisme denuncia que «el Gobierno español endurece (en su anteproyecto de Ley de Extranjería) el racismo institucional al proponer castigar la solidaridad con las personas inmigrantes en situación irregular«.
En un comunicado, la entidad denuncia que «con una medida como ésta se criminaliza y se aboca a la exclusión social a personas inmigrantes que son víctimas de una política de extranjería que no les deja otra salida».
En concreto, la denuncia hace referencia a la clasificación de algunas acciones -como el transporte de inmigrantes en situación irregular– dentro de la categoría de «faltas graves», que pueden ser sancionadas con multas de 10.001 hasta 100.000 euros.
Una de las críticas sobre el texto tiene que ver con el hecho de que en algunas partes relativas a las medidas sancionadoras la redacción deja abierta la interpretación, ha explicado a Efe la vocera de SOS Racisme Begoña Sánchez.
La organización señala, además, que la reforma «delega en la sociedad funciones propias de los cuerpos de seguridad, como son la detección de personas inmigrantes sin papeles, fomentando un estado «policial». -pues- no solo se castiga la solidaridad, el compañerismo o la amistad de aquellos que traten con personas inmigrantes en situación irregular, sino que se propicia y se fomentan las denuncias entre ciudadanos, creando un clima de miedo y fractura social».
En tal sentido, la Federación de SOS Racismo del estado español «anima a la desobediencia civil de la sociedad en general y de los movimientos sociales si finalmente esta medida se aprobase».
