Algunas de las principales asociaciones españolas de conductores (RACE, CEA y AEA) han expresado opiniones discrepantes sobre la reforma del capítulo sancionador de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, cuyo grueso entrará en vigor mañana, martes.
El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, fue el más crítico con los cambios y calificó la reforma de «farsa», porque «anuncia unos objetivos y pretende otros».
Arnaldo manifestó a Servimedia que la ley pretende «la aplicación igualitaria en todo el territorio nacional» del sistema del carné por puntos, cuando «todavía hay ayuntamientos que no lo están aplicando».
Además, censuró que las infracciones leves tengan una cuantía de hasta 100 euros, lo que permite «que los ayuntamientos gradúen discrecionalmente las multas».
También calificó de «farsa» que la nueva ley se haya equiparado a los juicios rápidos, cuando «ha aumentado el plazo de prescripción de las multas de uno a cuatro años».
«Lo único salvable de la reforma de la ley es la utilización de los sistemas telemáticos para practicar las notificaciones de la administración al ciudadano», añadió.
Por su parte, el director de la Asesoría Jurídica de Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), Eugenio de Dobrynine, subrayó que la reforma de la ley «no es bienvenida», porque «roza la inconstitucionalidad, ya que recorta derechos y garantías al ciudadano».
De Dobrynine situó en el «debe» de la norma que no se puedan hacer alegaciones por el pronto pago y que pueda ser «una fuente magnífica de ingresos para los ayuntamientos al ampliarse el plazo de prescripción de las sanciones de uno a cuatro años».
«Estamos muy desilusionados. No era el momento. Se están obteniendo muy buenos resultados en siniestralidad y la sociedad está cumpliendo», apostilló.
El director de Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España (RACE), Tomás Santa Cecilia, fue el más condescendiente de todos, al considerar que se trata de una reforma «que hacía falta» y que ayudará a los ciudadanos, al incorporar las nuevas tecnologías en la relación entre la Administración y el conductor.
Santa Cecilia precisó que deben especificarse las partidas que irán destinadas a la seguridad vial con lo que el Estado recaude en multas y puso el mayor pero en que los conductores deberán estar ahora más asesorados porque se agiliza el procedimiento por cometer alguna infracción.
