El anteproyecto de ley de depósito legal que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, presentó este viernes al Consejo de Ministros presenta como principal novedad que será el editor el obligado a realizar el depósito y no el impresor como era hasta ahora. Además, disminuye de cinco a dos el número de ejemplares a depositar.
Al ser el editor el que tiene que realizar el depósito legal se espera mejorar las colecciones custodiadas por los centros, ya que permitirá que los documentos ingresen íntegros, que las publicaciones seriadas no queden faltas de fascículos y, finalmente, que se ingrese todo lo que se edita en España, aún cuando no haya sido producido en su territorio. Además, permitirá que las colecciones de las bibliotecas autonómicas respondan a su realidad editorial.
Por otro lado, se exonera a los editores de sitios web del deber de depósito legal.
Asimismo, se habilita a los centros de conservación, tanto de titularidad estatal como autonómica, a detectar y reproducir los sitios web libremente accesibles a través de redes de comunicaciones que puedan resultar de interés para los fines del depósito legal, respetando en todo caso la legislación sobre protección de datos y propiedad intelectual.
La principal razón de ser del depósito legal es la conservación del patrimonio bibliográfico español mediante su depósito en los centros que determinen las administraciones públicas competentes. En la actualidad, sus funciones y atribuciones son asumidas por la Biblioteca Nacional de España.
