La aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair anunció este jueves que introducirá una tasa de dos euros por pasajero para todas las reservas realizadas desde el lunes 4 de abril de 2011, con el fin de financiar sus gastos de cancelación de vuelos y los generados por los retrasos considerados de fuerza mayor.
Según explica la compañía, la normativa europea le obliga a hacer frente a los gastos ocasionados en casos de «fuerza mayor» en los que la aerolínea no es responsable ni de los retrasos ni de las cancelaciones.
A este respecto, Ryanair denuncia que durante 2010 tuvo que hacer frente a unos costes de más de 100 millones de euros a causa de las cancelaciones y retrasos de los vuelos, por tener que ofrecer asistencia e indemnizaciones a los pasajeros y asumir los gastos legales derivados de las más de 15.000 cancelaciones de vuelos y los más de 2,4 millones de pasajeros que no pudieron volar.
La mayoría de estos gastos se concentraron en el cierre del espacio aéreo europeo entre abril y mayo de 2010 debido a la nube de cenizas del volcán islandés y entre noviembre y diciembre por culpa de la nieve en muchos aeropuertos europeos.
Además, también hubo muchas incidencias durante los más de 15 días de huelgas de los controladores aéreos, principalmente en Bélgica, Francia, Alemania y España en el verano de 2010.
Ryanair considera que los reglamentos �injustos y discriminatorios� de la normativa europea deben ser modificados para aliviar a las compañías aéreas de la carga de prestar asistencia en los casos en los que las cancelaciones y demoras no sean claramente responsabilidad o culpa de las aerolíneas.
�Es injusto y discriminatorio que se haga responsable a las compañías aéreas de tener que reembolsar billetes, pagar comidas, hoteles y llamadas telefónicas durante las huelgas de los controladores aéreos, por el cierre de aeropuertos por mal tiempo, o por el cierre del espacio aéreo por cenizas volcánicas cuando, incluso, las compañías de seguros de viajes eluden su responsabilidad en estos casos de ‘fuerza mayor’ y cuando las compañías competidoras de transporte (ferrocarril, ferrys y empresas de autocares) no tienen esa responsabilidad en casos de ‘fuerza mayor’ en sus reglamentos�, concluye la compañía.
