Los sindicatos temen que 'una futura privatización de la red', y mantienen la huelga para los dos primeros días del puente de la Constitución
La caja de Paradores está vacía. La caída de los ingresos y los elevados gastos (costes de alquileres y de personal) se han traducido en un serio problema de liquidez en la cadena pública, que ya el año pasado se vio obligada a vender su sede de Madrid (calle Requena, 3) para afrontar sus obligaciones a corto plazo, como fueron los pagos a proveedores o las nóminas.
La compañía que ahora preside Ángeles Alarcó vendió el edificio de Servicios Centrales a Segipsa (Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio) por 21,7 millones en 2011.
La dirección de Paradores planea cerrar siete establecimientos de la red y cierres temporales de cinco meses al año en 27 de los 94 paradores que conforman la red, medidas que se sumarían al ERE presentado por la cadena para la extinción de 644 trabajadores, casi el 14% de la plantilla, según informaron fuentes sindicales a Europa Press.
Este 3 de diciembre de 2012 quedó constituida la mesa de negociación del ERE, cuyos despidos se repartirán por todo el conjunto de paradores, según indicaron las mismas fuentes, que precisaron que una vez presentado oficialmente, se abrirá un periodo de consultas, que durará un mes.
Los siete paradores para los que Patrimonio plantea el cierre total son el de Albacete, el de Manzanares (Ciudad Real), Ayamonte (Huelva), Ferrol (La Coruña), Puerto Lumbreras (Murcia), Teruel y Verín (Orense).
BRONCA SINDICAL
Los sindicatos han mostrado su «más absoluto rechazo al plan», que afectará a unos 1.500 trabajadores de los 4.600 que tiene en plantilla (400 en servicios centrales), incluidas las salidas, y han pedido «la dimisión del Comité de dirección de la cadena hotelera».
Fuentes sindicales de UGT calificaron de ‘desproporcionado‘ el plan que la compañía ha puesto sobre la mesa y aseguraron que contempla el cambio de su condición de fijos a fijos discontinuos para 856 trabajadores de la plantilla, la supresión del departamento de reservas y del de informática.
En un comunicado CCOO, aseguró que el cierre por temporada de estos establecimientos afectaría a los contratos de 948 trabajadores, a los que se debe sumar el cierre de nueve servicios de restauración (restaurantes y cocinas).
Paradores convocó este lunes a los representantes del Comité Intercentros de la cadena hotelera, integrado por UGT y CCOO, a una primera reunión para abrir la negociación del plan de reestructuración planteado por la compañía e iniciar el periodo de consultas.
Los sindicatos temen que ‘una futura privatización de la red’, y mantienen la huelga convocada para el jueves y viernes de esta semana, los dos primeros días del puente de la Constitución.
COLAPSO FINANCIERO
La situación financiera de Paradores es muy complicada. La cadena pública tiene serios problemas de tesorería que no sólo le hacen tener dificultades para hacer frente a los pagos pendientes sino que dificultan su posible privatización.
Grant Thornton, la firma que ha auditado sus cuentas, alerta de que la cadena pública tiene un fondo de maniobra negativo de 118,4 millones de euros, lo que supone un empeoramiento frente al agujero contable de 80 millones de euros con el que cerró Paradores el año 2010.
A esta agujero se suma unas pérdidas netas de 35 millones de euros y un ebitda negativo de 5,5 millones de euros. Pese a que estas cifras, fruto de la debilidad de los ingresos y los elevados gastos, supondrían que Paradores tendría que estar en disolución, los gestores de la cadena han elaborado las cuentas en base a una empresa en continuidad por las expectativas de mejora de los ingresos, que en 2011 cayeron un 1,34%.
EL MINISTRO SORIA PONE LAS COSAS CLARAS
«En Paradores no se ha producido un debido control de gastos», aseguró el ministro de Industria, José Manuel Soria, poco después de tomar las riendas de la cartera. Una puntada con hilo a tenor de la ejecución presupuestaria del Plan Estratégico 2009-2012 de la cadena pública, que ha terminado de lastrar sus delicadas finanzas.
En 2009, la cadena pública presidida en aquel momento Miguel Martínez elaboró un Plan Estratégico para cuatro años valorado en 168,9 millones de euros.
En el proyecto inicial se contemplaba la reforma del parador de Cádiz por 17 millones de euros, montante que se elevó a 25 millones porque el presidente decidió demolerlo y construirlo de nuevo.
Esta decisión no sólo se ha traducido en un gasto de más de 40 millones, sino que ha obligado a la cadena a tener cerrado durante dos años y medio el establecimiento, uno de los más rentables de la red.
No fue el único desastre o derroche del socialista Martínez: En 2010, el inicio de las obras del parador gaditano, la reforma de Cáceres y la puesta en marcha del establecimiento de Villafranca del Bierzo (León) se repartieron casi a partes iguales el presupuesto de 13,9 millones.
En 2011, la partida destinada a la construcción del nuevo edificio gaditano alcanzó los 31,4 millones y, de cara a 2012, habían comprometidos otros 5,29 millones para terminar las obras de Cádiz.
Según fuentes de la cadena, el presupuesto final del parador, que cuenta con 124 habitaciones y todavía no está operativo al 100%, se eleva hasta los 45 millones.