El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por la Secretaria General de Transportes, Carmen Librero, contra el autor de la Carta al Director «Así se las gasta la jefa de los controladores aéreos» publicada en este medio en diciembre de 2010, y subsidiariamente contra Aviación Digital por ser el medio difusor, condenándola a sufragar los gastos del proceso judicial.
Carmen Librero y Concepción Bodeguero, Jefa de la División de Control Económico y de Gestión de Navegación Aérea, denunciaron ante la autoridad judicial madrileña la supuesta intromisión ilegítima en su derecho al honor causada por las declaraciones contenidas en un artículo de opinión publicado en este medio el 15 de diciembre de 2010.
En este escrito, Carlos Iglesias, trabajador de Aena hasta 2005, criticaba la actuación de Librero durante la gestión de la crisis de los controladores poniendo como ejemplo la persecución a la que fue sometido durante los últimos en los que prestó sus servicios laborales al ente público Aena.
María Jesús del Barco, juez de este litigio, según reza en la sentencia, ha procedido a la desestimación de la demanda íntegra al no considerar que haya existido intromisión al honor, calificando el artículo como una «libre emisión de opinión» amparada en el ejercicio de la libertad de expresión recogido en el artículo 20 de la Constitución Española.
Asimismo, la juez ha recalcado que el daño en el prestigio profesional que denunciaban las demandantes y la amplia repercusión de este artículo en sus núcleos laborales, a los que Librero se refería en el juicio como «un clamor» de sus compañeros por el que se había enterado de la existencia del escrito, son circunstancias que «evidentemente no han existido» puesto que las demandantes tardaron 9 meses en interponer la demanda y no ejercieron el derecho de rectificación.
Por estos motivos, las peticiones llevadas a cabo por Librero, entre las que contaban el pago de una indemnización por un valor de 50.000 euros, la publicación de la sentencia en este mismo medio, el pago de las costas procesales y la aplicación de las medidas pertinentes para enfrentarse a una situación parecida que pudiera darse en el futuro, han quedado desestimadas.
Del Barco ha recordado a las demandantes que nuestra Constitución no autoriza la censura previa y que si vuelve a darse un caso en el que consideran flagrados sus derechos volverán a tener que recurrir a los juzgados para la Justicia considere los hechos.
Librero dispone ahora de 20 días para interponer un recurso de apelación antes de que esta sentencia se haga firme.
