La reforma en la ley de apartamentos turísticos puede convertirse en una medida que ayude al turismo rural a erradicar lo que consideran intrusismo y competencia desleal. Según un informe reciente del Observatorio del Turismo Rural, casi la mitad de los propietarios señalan que los alojamientos ilegales constituyen su principal problema, junto con el exceso de oferta. Cantabria, Comunidad de Madrid y Castilla y León, son las comunidades más sensibles a esta problemática. La falta de promoción, la estacionalidad y la falta de profesionalidad son otras de sus preocupaciones.
En un informe basado en las respuestas de más de 2.000 propietarios de alojamientos rurales, la ilegalidad de algunos alojamientos de turismo rural figura como uno de los principales problemas del sector. Así lo señalan el 48,8% de las respuestas obtenidas a través del Observatorio del Turismo Rural, proyecto de investigación sin precedentes que lidera el portal especializado EscapadaRural.com, junto con la escuela universitaria CETT-UB y Netquest.
La propuesta de reforma de ley que afecta a los alojamientos hasta ahora amparados bajo la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) dejará en manos de las comunidades autónomas la potestad para decidir sobre los mismos. Esta circunstancia afecta también al turismo rural, donde la oferta de viviendas particulares para uso vacacional al margen de la normativa turística generaba una economía sumergida muy perjudicial para el sector.
En el citado estudio, los propietarios han señalado su preocupación al respecto en un porcentaje prácticamente igual al de la cuestión del exceso de oferta (48,9%). Según Ana Alonso, Directora de Comunicación de EscapadaRural.com, «es evidente que en un sector donde el número de alojamientos se ha triplicado entre 2001 y 2012 mientras el número de viajeros nacionales descendía más de 4 puntos el último año, el intrusismo y la competencia desleal afectan a su supervivencia.
El portal apuesta desde hace cuatro años por incluir en su página sólo los alojamientos registrados en Turismo y por ese motivo ha llegado a rechazar a más de 2.500 alojamientos que querían darse de alta. Según comenta Alonso «es una manera de garantizar unos mínimos de calidad en la oferta que queremos presentar a los viajeros»
Cántabros, madrileños y castellano-leoneses los más preocupados por la ilegalidad
El estudio refleja también el grado de sensibilidad a la problemática de la ilegalidad por Comunidades Autónomas y el resultado muestra a Cantabria (56,7%), la Comunidad de Madrid (52,3%) y Castilla y León (51,9%) como las más concienciadas. Por contra, las comunidades que señalan este aspecto en un menor porcentaje son La Rioja (39%) y Extremadura (36,6%), aunque con cifras que no distan mucho de las que encabezan la lista.
En el orden de prioridades por atender en turismo rural el propietario señala también, pero a cierta distancia, la falta de promoción (39,3%), la estacionalidad (36,8%) y la falta de profesionalidad (28,1%). La diversidad de normativa reguladora (19,4%) ocupa los últimos puestos en cuanto a las preocupaciones del propietario, junto con el aumento de competencia (19,4%) y las anulaciones de reservas (2,9%)
