Además de que puede estar infringiendo la ley el daño a su imagen ya está hecho, por todo lo quer ha tardado en reaccionar
El ultimátum de Ana Botella no surtió efecto. Ante la falta de acuerdo entre las empresas concesionarias de los servicios de limpieza y jardinería y los sindicatos, el Ayuntamiento de Madrid cumplió su advertencia.
Así, minutos antes de las siete de la tarde de este viernes 15 de noviembre de 2013 el Consistorio interpuso una denuncia ante la Fiscalía pidiendo que se investiguen los actos vandálicos y las coacciones sobre algunos de los trabajadores que tenían que cumplir con los servicios mínimos.
A partir de la medianoche del viernes, según reiteró el delegado de Medio Ambiente y Movilidad de la capital, Diego Sanjuanbenito, Tragsa se encargará de limpiar la capital, convertida en un vertedero después de 12 días de huelga.
La empresa pública Tragsa ha alistado un dispositivo de 200 limpiadores para retirar parte de la basura acumulada por las calles del centro de Madrid durante las 11 jornadas de huelga de limpieza viaria y jardines.
Más de la mitad de ellos, unos 110, son personal externo contratados por Empresas de Trabajo Temporal para Tragsa, según fuentes conocedoras del dispositivo.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunció el miércoles que, si no se garantizaba el cumplimiento de los servicios mínimos (que no se han cumplido ni un solo día, según el Ayuntamiento) en un plazo de 48 horas, lo denunciaría ante la Fiscalía y encargaría el trabajo a la empresa estatal. Este viernes por la tarde ha hecho ambas cosas.
Trabajarán en tres turnos de ocho horas y empezarán su labor alrededor de las seis de la mañana del sábado. Los 90 trabajadores de Tragsa son voluntarios. La empresa cuenta con más de 9.000 trabajadores en España.
Comisiones Obreras ha presentado una denuncia «con carácter de urgencia» ante la Inspección de Trabajo para que «verifique y, llegado el caso, paralice y sancione a la empresa» por la contratación a través de ETT, informa el sindicato en un comunicado.
Y no sin polémica: la empresa pública está inmersa en un ERE, lo que motivó que en principio sus representantes sindicales se negaran a «limpiar la basura de cualquier político». Además ha tenido que contratar personal a través de una ETT.
A partir de ahora corresponderá al Ayuntamiento habilitar un dispositivo de seguridad lo suficientemente amplio como para que los operarios de Tragsa puedan trabajar sin miedo a los piquetes. Por parte de Comisiones Obreras, Jaime Cedrún confió en que no se produzcan actos violentos.
Con las medidas drásticas del Ayuntamiento se adecentarán las calles madrileñas, pero éstas no harán desaparecer el conflicto laboral ni el problema del Consistorio con las empresas adjudicatarias de esos servicios.
A mayores, tampoco restaurarán la imagen de Ana Botella, que si ya de por sí estaba en entredicho ahora ha quedado mucho más tocada. La alcaldesa se pasó nueve días derivando cualquier responsabilidad en las empresas y los sindicatos, tiempo en el que permaneció de brazos cruzados.
Y al décimo día dio carrete a las partes para otras 48 horas con un ultimátum que, a la vista está, se han tomado a chirigota.
«Esperamos que Ana Botella sepa lo que está haciendo con la empresa Tragsa en Madrid y que tenga el adecuado amparo legal», señaló este viernes el portavoz de la oposición, el socialista Jaime Lissavetzky, aludiendo a las dudas sobre si existe vulneración del derecho a huelga.