El parque temático y de ocio Disneyland París ha renunciado a su política de aplicar precios distintos a familias y visitantes según su nacionalidad o lugar de residencia, que había investigado la Comisión Europea (CE) a raíz de quejas de consumidores y organizaciones, ha informado el Ejecutivo comunitario.
«Tras un diálogo constructivo con Disneyland París, ellos han adaptado sus procedimientos de reserva y modalidades de pago en línea con las obligaciones de no discriminación de la directiva de Servicios», explicó la portavoz de Mercado Interior, Lucía Caudet.
El verano pasado la CE confirmó que había recibido quejas sobre los precios de Disneyland París y que estaba analizando y pidiendo información al parque. A la par, inició una investigación sobre datos que apuntaban a que, por ejemplo, los ciudadanos británicos debían pagar más por una estancia que una familia de belgas o franceses.
«En el mercado interior no podemos tolerar que consumidores sean tratados de manera diferente solamente por razones de su residencia o nacionalidad», recalcó Caudet en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario. La portavoz quiso destacar que el cargar diferentes precios en diferentes mercados no es de por si ilegal, ni tampoco es la intención de la CE armonizar precios en la Unión Europea.
No obstante, recordó que lo que no puede hacer una empresa es «prevenir a un consumidor de poder adquirir la mejor oferta, ya sea en línea al redirigirle a páginas nacionales, o físicamente a través de obstáculos como obligarle a hacer el pago mediante tarjetas de débito nacionales».
Esto último también sería contraria a la regulación de la zona única de pagos en euros (SEPA, en inglés), dijo. Caudet señaló que la CE considera que el artículo 20 de la directiva de Servicios establece el principio de la no discriminación «muy claramente».
Medidas para impulsar el comercio electrónico
No en vano, antes del verano la CE presentará un paquete para impulsar más el comercio electrónico en Europa, y al igual que uno de los componentes será la propuesta de no bloquear el contenido por Internet según el país de conexión, otro propósito será añadir «más certidumbre jurídica al principio actual» de no discriminación. Éste permite algunas razones objetivas para restringir el acceso a ciertos servicios, tales como el alcance territorial de licencias o por motivos de IVA.
La CE aprovechará la ocasión para hacer el transporte de paquetes más «eficientes y asequibles» y para reforzar la protección del consumidor cuando presente sus propuestas sobre la directiva de Servicios.
