En un convulso clima socio-político, donde el Presidente de Perú, Martín Vizcarra y una corte de fiscales, se erigen como presuntos abanderados de la lucha contra la corrupción endémica en la cual está inmerso el país; con el ingreso en prisión de varios ex presidentes presuntamente corrompidos por el gigante brasileño Odebrecht; el suicidio del otrora líder del APRA y dos veces presidente del Perú, Alan García; con la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán -entre rejas- que sí reconoce ser corrupta; la situación judicial que se le presenta al ex magistrado de la Corte Suprema del Perú, César Hinostroza Pariachi, acusado de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible es muy delicada. Tras la pedida de asilo, denegada en su momento, pesa contra él una resolución de extradición.
Periodista Digital conversó, en exclusiva, con César Hinostroza Pariachi, pocas horas antes de que La Audiencia Nacional (AN) acordara mantenerle en libertad mientras tramita su extradición, en contra del criterio de la Fiscalía. El tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la AN entendió que las restricciones de libertad que tiene impuestas -retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales-, son suficientes.
Asimismo, los magistrados españoles destacaron que el ex juez peruano cumplió en todo momento con las medidas cautelares que se le impusieron y acudió a todas las citas judiciales.
Sr. Hinostroza, el pasado 13 de mayo se emitió la resolución de la Audiencia Nacional de España sobre el pedido de extradición que pesa en su contra. La Sala de lo Penal ha ordenado su extradición por tres delitos y ha rechazado el delito de organización criminal ¿Cuál es su sentimiento en estos momentos?
– Debo reconocer que la Sala de la Audiencia Nacional ha resuelto con autonomía e independencia como un Poder del Estado; sin embargo,consideramos que debió rechazarse la extradición por todos los delitos porque los hechos imputados no constituyen delito en España. Se debió aplicar estrictamente las garantías constitucionales y legales que establece la Constitución y la Ley Española así como la Convención Europea de Derechos Humanos.
Algo que no ocurre en ninguna parte del mundo, ocurrió en Perú: El mismísimo presidente del Perú le tildó de «delincuente», a pesar que usted aún no ha sido juzgado, ni condenado. ¿Qué le parece la acusación de Vizcarra?
– La conducta del Presidente de la República de Perú es muy grave, no solo me ha tildado de «delincuente» sino que ha pedido públicamente que se me condene drásticamente, en una clara interferencia política sobre otros poderes del Estado; creándome una imagen de culpable ante la sociedad, por lo que ningún Juez resolverá con objetividad, debido a la presión mediática generada con tales declaraciones públicas. Prueba de ello es que un Juez me ha dictado prisión preventiva por tres años, solo para investigar los presuntos delitos que se me imputan.
Aquí podría querellarse contra él por injurias…
– En el Perú, en estos momentos, por el contrario la conducta del Presidente es materia de felicitación no solo de los medios de comunicación sino de la población en general, porque supuestamente lucha contra la corrupción; por lo que cualquier querella será rechazada de plano. El Presidente tiene un poder omnímodo y goza de inmunidad, pero eso no lo autoriza a vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. Con sus declaraciones públicas, el Presidente ha comunicado al Mundo entero que en el Perú no se respetan los derechos humanos y se interfiere en los otros poderes del Estado.
Sr. Hinostroza, ¿por qué huyó del Perú? ¿Es cierto que hay un clima de persecución política?
– Cuando salí del País no tenía ninguna orden de prisión ni tenía ningún proceso penal abierto, lo que existía es una limitación a mi libertad ambulatoria como es no salir del País por el plazo de cuatro meses. Si no tenía ningún proceso penal, no puede hablarse de «huir de la justicia», en todo caso, habría infringido una regla de conducta.
La razón de mi salida del País fue para proteger mi vida y la de mi familia, nuestra integridad física y libertad personal, porque no solamente habíamos recibido amenazas de muerte, sino que al ser yo recluido en una cárcel sería víctima de atentados contra mi vida por haber condenado a peligrosos delincuentes que purgan prisión; por ello solicité asilo al Reino de España, tan pronto como llegué a este país.
La persecución política es notoria, por cuanto se me vincula con el partido político «Fuerza Popular», por la difusión de conversaciones telefónicas que habría sostenido mi persona con congresistas (diputados) y la líder de dicho partido político Keiko Fujimori Higuchi. Esto explica la reacción del Presidente de la República, quien, el 28 de septiembre de 2018 cuando la Comisión Permanente del Congreso resolvió archivar la denuncia por delito de organización criminal, salió a los medios de comunicación acusándolo de «blindar» al denunciado Hinostroza Pariachi; lo que generó que el Pleno del Congreso reculara para acusarme por el delito de organización criminal, sin acusación de la Comisión Permanente, violando el artículo 99 de la Constitución de Perú.
Esta fue otra grave interferencia del Presidente de la República sobre el Congreso de la República, al que enfrentó con la población y los medios de comunicación.
Tras las escuchas de unos audios, en el Perú le sindican como el Jefe de la banda mafiosa «Los cuellos blancos del puerto». ¿Qué tiene que decir al respecto?
Si Usted escuchara todos los audios de las conversaciones sostenidas por mi persona con diversas personalidades y autoridades, advertirá que ninguno de ellos contiene algún indicio de la existencia de la banda mafiosa a la que se refiere su pregunta.
La Fiscalía me imputa ser «líder» de la organización criminal «los cuellos blancos del puerto», nombre creado por la Policía, tan solo por la declaración de un «colaborador eficaz», una especie de testigo anónimo, que proporciona información muy vaga y genérica, no corroborada hasta la fecha. Lo que dice el testigo anónimo, para calificarme como «Líder», es que el ex Juez Supremo Hinostroza Pariachi daba órdenes para el nombramiento de jueces y fiscales ante el Consejo Nacional de la Magistratura; así como para «arreglos» de procesos judiciales tanto en la Corte Suprema como en la Corte Superior del Callao.
Sin embargo, del contenido de los audios usted apreciará que en ninguna conversación aparezco dando esas supuestas órdenes, ni se ha mencionado nombres de personas que supuestamente, por órdenes mías, han sido nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Tampoco se han precisado datos o información sobre algún proceso judicial tanto de la Corte Suprema como de la Corte Superior del Callao, donde he interferido u ordenado a los jueces o a intermediarios para hacer «arreglos», como temerariamente habría afirmado el»colaborador eficaz».
Por ello la Sala de la Audiencia Nacional ha rechazado la extradición por el delito de organización criminal, lo que demuestra que soy objeto de una persecución política, por cuanto el Congreso por la presión del Presidente Vizcarra me ha acusado por este delito para encarcelarme por 36 meses.
Le acusan en Perú del delito de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible
– Así es, pero si usted examina o lee los hechos se dará cuenta que no constituyen delito. Lamentablemente, la Sala de la Audiencia Nacional no ha observado los principios de legalidad y de doble incriminación. En términos sencillos, los cuatro hechos que me imputan tienen relación con situaciones de orden laboral. La imputación de la Fiscalía peruana, se basa en presuntas gestiones o recomendaciones que habría realizado mi persona para apoyar a dos profesionales abogados que solicitaban trabajo dentro del Poder Judicial (no en el Consejo Nacional de la Magistratura); en otro caso, para mejorar suposición laboral y un último caso para «ratificar» a un juez en su mismo cargo.
Empero, estas presuntas «gestiones» o «coordinaciones» como lo denomina la Fiscalía, fue a cambio de nada, es decir, sin ninguna contraprestación de por medio. Ni de los audios ni de las pruebas que presenta la Fiscalía aparece algún indicio de la entrega de dádivas, promesas ventajas o beneficios a favor de mi persona. Entonces, la pregunta que debemos formularnos es ¿Una recomendación (en España lo denominan «enchufe») una solicitud de trabajo o de apoyo laboral, que hace una autoridad a otra, a cambio de nada, es delito en España? Para la Sala de la Audiencia Nacional constituye un delito de tráfico de influencias y negociación prohibida; pero nuestra defensa considera que tales hechos son atípicos en España, es decir, no tienen contenido penal.
Si no son ciertas todas estas acusaciones, ¿por qué entonces el Poder Judicial le ha denunciado? Debo aclarar que el Poder Judicial no denuncia, sino la Fiscalía. Consideramos que tanto el Congreso como la Fiscalía peruana han forzado estos hechos para encajarlos como delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Y, la Sala de la Audiencia Nacional, ha hecho lo mismo para encajarlos en los artículos 428 y 439 del Código Penal Español (Tráfico de Influencias y Negociación Prohibida). Para ello se han cambiado los verbos rectores de la imputación peruana «gestiones» y/o «coordinaciones», por el verbo rector «influir»; que no son sinónimos sino totalmente distintos. No puede equipararse una gestión o trámite o coordinación (acuerdo), con una «presión moral» que importa el verbo «influir».
El delito de Tráfico de Influencias en España se da cuando un funcionario influye (presiona) a otro para conseguir una resolución que lo beneficie económicamente. El Estado peruano no me imputa el hecho de haber influido o presionado a alguien para obtener alguna resolución que me haya beneficiado económicamente. Lo que me imputan son gestiones y coordinaciones, que no están previstos como delito en España. No se ha respetado el principio de «Intangibilidad de los hechos»; principio que ha sido establecido como doctrina jurisprudencial por la Justicia española.
Consiste en que el Estado requerido (España) no puede alterar, cambiar o sustituir los hechos formulados por el Estado requirente (Perú). Cambiar un verbo por otro es alterar los hechos, sin duda alguna. En lo que se refiere a una persona que fue contratada para trabajar en la Sala de la Corte Suprema, a solicitud mía, la Resolución de Extradición incurrió en duda sobre su tipificación, primero, quiso adecuarlo al tráfico de influencias y luego terminó por calificarlo como delito de negociación prohibida previsto en el artículo 439 del Código Español.
Sin embargo, los elementos de este delito no concurren en el hecho que se me imputa, como es, haber requerido la contratación de un trabajador al Administrador de la Corte Suprema de Perú. La negociación prohibida se da cuando un funcionario que debe intervenir por razón de su cargo en la celebración de un contrato, se aprovecha de esa circunstancia para forzar su participación personal, o de otra persona que represente sus intereses, para beneficiarse en ese negocio; así lo dice el artículo 439 del Código Español. Sin embargo, la mencionada Resolución no ha dado razones para encajar ese hecho como delito de negociación prohibida. Se ha tratado de salvar esa omisión, dejando a la autoridad peruana para que realice la correcta tipificación, cuando el hecho imputado es notoriamente atípico, es decir, no es delito en España. Los Jueces peruanos nunca lo harán por estar prejuiciados y presionados por la opinión pública.
Un audio, que en su momento causó revuelo e indignación en Perú, parece que es el que más pesa en su contra, en cuanto a la opinión publica, y es el de la «violación de una menor». Ya lo contó en Perú, ¿pero podría explicárnoslo?
– La difusión de ese audio fue realizada por primera vez por una organización no gubernamental (ONG) que me persigue durante una década, conforme puede verse de su portal web. La difusión fue maliciosa porque se sacó de contexto, ya que en el supuesto diálogo no aparece ningún interlocutor, lo invito a escuchar el audio. En todo caso, se trata de preguntas formuladas por mi persona sobre un presunto caso de violación, que nunca se llegó a identificar ya sea por el nombre del procesado o por el número de expediente; estas preguntas eran usuales para resolver un caso de tal naturaleza; pero del contenido del audio no aparece ninguna promesa ni ofrecimiento para resolver el caso de una u otra forma; solo digo que «voy a pedir el expediente», obviamente para estudiarlo, como lo hace cualquier juez a cargo de un caso.
Sin embargo, en la difusión del audio se habla de una supuesta «negociación» de sentencia, para causarme daño y generar alarma social, cuando del contenido del audio no aparece ninguna negociación. Tan cierto es que no hubo ninguna negociación de una presunta sentencia, ya que ni el Congreso ni la Fiscalía me imputan algún delito por el mencionado audio. Pero esa infamia ya quedó grabada en la población, que es lo que habría buscado la mencionada ONG.
Entonces el ILD le tiene en la mira. ¿Por qué cree que Gorritti y compañía quieren verlo preso? ¿Si no es así, de quién o quiénes sospecha?
– Habría que preguntarle a ese personaje y a sus allegados. En verdad, el IDL en general tiene una actitud enfermiza y obsesionada contra mi persona. En esta oportunidad, habrían obtenido de manera ilícita las grabaciones de mis conversaciones que fueron interceptadas ilegalmente, a solicitud de la Fiscalía; y siendo documentos secretos o reservados, los publicó en su portal web, expandiéndose a los demás medios de comunicación, lo que generó una demolición mediática de mi persona. Además, esta no es la primera oportunidad en que me atacan. También lo hicieron cuando postulé al cargo de Fiscal Supremo, y cuando el Tribunal Constitucional ordenó al Consejo Nacional de la Magistratura que me nombrara en dicho cargo por haber ocupado el primer puesto en el concurso de oposición de méritos, como consecuencia de una sentencia de amparo donde se acreditó que vulneraron mi derecho humano de acceso a la función pública, en condiciones generales de igualdad.
En esa oportunidad, el IDL me atribuyó cargos o hecho supuestamente delictivos, como un presunto plagio de tesis, entre otros, presionando de esta manera al Consejo Nacional de la Magistratura que desobedeció el mandato del Tribunal Constitucional; por lo que tuve que denunciar al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2015; denuncia que duerme el sueño de los justos. De igual manera, se opusieron a mi candidatura al cargo de Juez Supremo, formulándome tachas infundadas y publicando artículos pasados de hechos archivados solo para desprestigiarme, pero aún así el ex Consejo Nacional de la Magistratura me nombró Juez Supremo Titular, lo que no habría sido de agrado de esta conocida ONG, que dice defender los derechos humanos, pero en mi caso no lo hace sino todo lo contrario, los vulnera.
Un testigo protegido reveló que usted apoyó a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular en sus procesos por lavado de dinero a cambio de respaldo político para convertirse en el titular de la Corte Suprema. Lo que dice el testigo anónimo es que me habría reunido con la señora Keiko Fujimori, pero no menciona que fue para apoyarlo en sus procesos por lavado de activos; y respecto al cargo de Presidente del Poder Judicial, los que eligen son los jueces supremos titulares en forma autónoma, donde no interviene el poder político; por lo que la versión de ese testigo anónimo sería una simple especulación no corroborada hasta la fecha.
Algunos medios de comunicación de Perú desvelan que usted tiene un patrimonio millonario en Miami y en Lima.¿Qué hay de cierto?
– Es puro sensacionalismo. Lo que sucede es que valoran lo que uno ha obtenido producto de su trabajo como abogado libre y como magistrado durante 40 años. Los bienes que poseía se han adquirido hace 30, 25 y 17 años atrás. Actualmente, no tengo patrimonio millonario ni en Lima ni en el extranjero.
Para finalizar, damos por descontado que las cárceles de España no son na- da comparables a las de Perú. ¿Cómo le han tratado en Soto del Real?
En general fui tratado cortésmente tanto por los compañeros de prisión como por los funcionarios de dicho Centro Penitenciario. Sin embargo, enfermé en varias oportunidades como producto de mi encierro injusto porque yo no he cometido ningún delito.
Sr. Hinostroza, algo que quiera agregar…
Vamos a interponer recurso de súplica ante el Pleno de la Audiencia Nacional para lograr que se rechace la extradición en todos sus extremos. Reitero que los hechos que me imputan no constituyen delito en España, y tengo fe en que el pleno de los jueces superiores de lo penal de la Audiencia Nacional analizarán la naturaleza de los hechos para emitir una decisión justa, es decir, solo basada en la Constitución y la Ley Penal. Justicia que espero alcanzar, lamentablemente en otro país distinto al mío.
