Una jueza de Madrid ha imputado al actual secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y al embajador de España en México, Juan Antonio López Doriga, por su gestión en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un nuevo caso más de corrupción salpica al Ejecutivo de Sánchez.
La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha acordado citar como investigados al secretario de Estado, al embajador y a otras diez personas por una querella de la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a Periodista Digital fuentes jurídicas.
La Fiscalía se querelló contra Valdés, hijo del magistrado del Constitucional investigado por maltrato, Doriga, el exdirector de la AECID Jesús Moza Zapatero y más de una decena de cargos y empresarios, todos ellos vinculados con la gestión y fondos del organismo dependiente de Exteriores en 2011 durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, tras denunciar el caso la Intervención General de la Administración del Estado.
Esta institución revisó las cuentas del organismo público y detectó irregularidades en la época en que Valdés era subdirector general de la Agencia y jefe de contratación.
Fernando Valdés, todavía hoy Secretario de Estado de Turismo.
En concreto se cuestiona si ciertos contratos adjudicados terminaron en una prestación de servicios real o ficticia así como la existencia de contratos duplicados e incluso triplicados bajo el mismo nombre.
El pasado julio, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, reorganizó a su equipo de turismo en plena crisis del sector por la COVID-19, para “abordar los retos de la recuperación”, con Fernando Valdés como nuevo secretario de Estado, en sustitución de Isabel Oliver, que se incorporó a la Organización Mundial de Turismo (OMT).
La querella de la Fiscalía se presentó unos días después de que el BOE publicara su nombramiento.
Fuentes del Ministerio han defendido (al Confidencial que ha logrado hablar con estas fuentes) que, en los hechos que se investigan, Valdés “no tenía capacidad de decisión” y que “como jefe de departamento no firmó ninguno de los actos administrativos que son parte de la causa”.
También han subrayado que la querella va “en sentido amplio, dirigida contra todos los que estaban en ese momento en la AECID, incluidos funcionarios que han ejercido la función de alto cargo con gobiernos de distinto signo político”.
No obstante, han subrayado que el secretario de Estado se pone “a disposición de la Justicia para colaborar en esta investigación” y que “dará cumplida información de todo lo que se le requiera”, con el fin de que se aclare esta situación.
