Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ha sido detenido en Cerdeña por las autoridades italianas por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo, según han confirmado a Europa Press.
Prófugo de la Justicia española desde el otoño de 2017 hasta que esta noche ha sido arrestado en cumplimiento a la orden de busca y captura cursada por el instructor del procés el juez Pablo Llarena.
Fuentes del Supremo explican que la euroorden contra el ex presidente catalán nunca se desactivó. El Parlamento Europeo decidió el pasado marzo levantar la inmunidad a Puigdemont y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la mantuvo retirada.
El pasado 30 de julio el TJUE desestimó la petición de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín de suspender el levantamiento de su inmunidad como eurodiputados, al considerar que no existía riesgo de que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña y sus ex consellers sean detenidos en el ejercicio de sus funciones como miembros del Parlamento Europeo.
Este viernes pasaría a disposición judicial para decidir si lo extraditan
La oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que el viernes pasará a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sasser (Cerdeña), que es competente para decidir sobre su puesta en libertad o su posible extradición.
Así lo han explicado en un comunicado, donde especifican que Puigdemont se ha desplazado la tarde de este jueves hasta el Alguer, procedente de Bruselas (Bélgica), para asistir al ‘aplec internacional de l’Adifolk’ y para reunirse con el presidente de la región autónoma de Cerdeña y con el síndic del Alguer.
También concretan que la policía fronteriza italiana ha detenido a Puigdemont cuando ha llegado al aeropuerto del Alguer.
PROFUGO
El golpista catalán llevaba prófugo de la Justicia española desde el otoño de 2017, cuando la Fiscalía interpuso una querella contra los líderes independentistas por un delito de rebelión por el referéndum del 1 de octubre de 2017.
La sentencia finalmente fijó que habían cometido un delito de sedición. Desde entonces, Puigdemont está perseguido por la Justicia y, aunque ya fue detenido en Alemania, la justicia del país germano se negó a entregarle a España por un delito de rebelión o sedición.
LO QUE VIENE AHORA
El siguiente paso consistirá en «tramitar» con las autoridades italianas la entrega a España de Puigdemont para que sea juzgado por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Hasta el momento, la entrega de Puigdemont a España por el golpe del 1-O no ha fructificado con la justicia belga.
La euroorden que ha provocado el arresto en realidad nunca fue desactivada. El Parlamento Europeo levantó hace meses su inmunidad de eurodiputado y el Tribunal General de la UE mantuvo su retirada.
Puigdemont reside en Waterloo desde hace cuatros años, tras huir de la justicia española a finales de octubre de 2017 y ya fue arrestado en una ocasión en Alemania en marzo de 2018. No obstante, la justicia germana sólo acordó entregar a Puigdemont por el delito de malversación y no por el de rebelión, el más grave del que era acusado.
En octubre del pasado año, la Sala de lo Penal del Supremo confirmaba los autos del magistrado Llarena de 10 de enero y 4 de marzo de 2020 en los que acordó mantener las órdenes nacionales, internacionales y europeas de detención contra Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig, y pedir al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad correspondiente a los europarlamentarios Carles Puigdemont y Antoni Comín.
La Sala de Apelación desestimaba así los recursos planteados por los cuatro recurrentes contra los citados autos, en los que solicitaban que se dejasen sin efecto dichas órdenes de detención que consideraban incompatibles con las inmunidades que les corresponden como eurodiputados a algunos de ellos (Puigdemont y Comín).
El tribunal señalaba que teniendo en cuenta que los recurrentes han sido procesados por hechos que pueden ser constitutivos de delitos graves y que se han posicionado en situación de rebeldía, «las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión han de considerarse justificadas, al ser absolutamente necesarias en orden a asegurar la acción de la Justicia, que no solo exige la posibilidad de practicar diligencias, sino garantizar que los procesados se encuentren a disposición del tribunal». Asimismo, explicaba que la existencia de las órdenes de detención que se impugnan no han impedido a los recurrentes alcanzar la condición efectiva de europarlamentarios, ni tampoco asistir a las sesiones del Parlamento.
La Sala Penal del Supremo analizaba el alcance de las inmunidades y subrayaba que los recurrentes olvidan que en este caso «no se trata de la emisión de una orden de detención contra un europarlamentario, sino de la adquisición de esa condición por unas personas contra las que, con anterioridad a ese momento, se habían emitidos órdenes de detención, por la presunta comisión de hechos que podían ser constitutivos de graves delitos».
La Sala recordaba además que el procesamiento de los recurrentes se acordó antes de que adquiriesen la condición de miembros del Parlamento europeo. En esta línea, afirmaba que «no se aprecia contradicción con el derecho europeo, en la medida en que en el derecho interno se reconocen a los europarlamentarios las mismas inmunidades de los parlamentarios nacionales, y que, es el propio derecho europeo el que se remite a la regulación de cada Estado».
