Son las consecuencias perversas de ese cóctel letal que forman el coronavirus y la ineptitud del Gobierno Sánchez.
No es posible negar que el repunte de casos de coronavirus que venía sufriendo España había despertado la alarma en las cancillerías europeas, hasta el punto de que dos de nuestros socios, Noruega y Francia, habían alertado a su ciudadanos de la inconveniencia de viajar a la Península, mientras que un tercero, Bélgica, señalaba a las provincias de Lérida y Barcelona entre los destinos turísticos a evitar.
Era, pues, previsible, que otros países emisores de visitantes, como Reino Unido, ya sin las ataduras de los acuerdos intracomunitarios, se unieran a quienes mantienen las mayores restricciones de viaje a nuestro país, impelidos, dicho sea de paso, por su propios problemas de contagios que, como en el propio caso británico, no dejan de duplicarse desde las últimas semanas.
La decisión de Londres, tomada sin previo aviso ni, que sepamos, comunicación diplomática alguna, supone una daño mayor sobre el sector turístico español, ya muy castigado por las consecuencias de la pandemia, no sólo porque los ciudadanos británicos representan el 20 por ciento de los visitantes extranjeros, sino por la pésima publicidad que supone para el resto de los mercados.
Y aunque no se deba abstraer la decisión del Gobierno de Boris Johnson de las dificultades que está encontrando el acuerdo del Brexit, donde Bruselas se mantiene inflexible en la exigencia de reciprocidad de derechos, lo cierto es que la apatía que caracteriza la actuación del Ejecutivo español en la emergencia sanitaria, al menos, desde que finalizó el estado de alarma, es uno de los factores que más está perjudicando nuestra imagen exterior.
Así, aduce el ministro del ramo británico, Dominic Raab, que ha tenido que adoptar esa medida ante el escenario de expansión del virus que dibujaban los datos de contagios del pasado viernes y se felicita por la «agilidad» de su Departamento.
No importa en absoluto, por supuesto, que esta decisión unilateral se haya tomado sin tener en cuenta más circunstancias que el número de brotes y de contagios publicados, que, si bien, son unos datos sensibles, no son suficientes por sí mismos para plasmar el cuadro real de la situación epidémica, aunque sólo sea porque las nuevas infecciones están muy relacionadas con grupos familiares y ámbitos laborales agropecuarios, que poca relación presentan con los ambientes más frecuentados por los turistas extranjeros.
Este 26 de julio de 2020, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, salió al paso de la decisión británica para, al menos, salvar al sector en Baleares y Canarias, apelando a su insularidad y al escaso número de casos detectados, pero más allá del voluntarismo de asegurar que España es un país seguro, poco más margen de actuación dispone nuestra jefa de la Diplomacia, que, todo hay que decirlo, no se ha mostrado muy activa a la hora de defender la imagen exterior de España de la única manera posible: facilitando a los principales países emisores de turistas información detallada de la evolución general de la pandemia, muy disímil territorialmente, y de las medidas de prevención adoptadas, muchas de las cuales, como el uso de mascarillas, están más extendidas en nuestro país que en Reino Unido, por ejemplo.
Otra cuestión es que Exteriores haya dispuesto de esos datos, dada la cacofonía que suponen diecisiete comunidades autónomas haciendo hincapié en su propias demarcaciones de actuación, con informes que no se sujetan a una metodología cronológica común y que ni siquiera siguen los mismos protocolos sanitarios.
Si esto le sucede a los propios ciudadanos españoles, hay que imaginarse la percepción fuera de nuestras fronteras. Es urgente que el Gobierno asuma la coordinación de la lucha contra la emergencia sanitaria. Porque las consecuencias del desorden no han hecho más que empezar.
