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90 por hora EC

La DGT sigue implementando nuevas normas para mejorar la seguridad. Ahora, las carreteras convencionales, las que tienen un carril en cada sentido sin separación física, sufrirán una revolución a principios de año. La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara el real decreto que reduce de 100 a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en esas vías, en las que durante 2017 fallecieron 1.013 personas, el 77% del total de los muertos en vías interurbanas, tal como recoge el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. También verán reducida su velocidad máxima a 80 por hora las furgonetas, los autobuses y los camiones. La norma hace la salvedad de que el titular de la vía podría mantener los 100 kilómetros por hora si la calzada tiene separados físicamente -con quitamiedos, bloque de hormigón, etcétera- los dos sentidos de la circulación, según recohe J.A. Álvarez en elcomercio.

En Asturias la red convencional es la predominante, con 4.577 kilómetros de calzada simple, lo que supone el 90% de todas las carreteras. Aunque en teoría la máxima permitida para este tipo de vía será hasta el año que viene esos 100 kilómetros por hora, en Asturias la frecuencia de curvas y pendientes ya provoca que en parte de la red la velocidad esté más restringida. La medida, con todo, da una vuelta de tuerca en un momento en el que Asturias encadena dos años viendo cómo aumenta la cifra de muertos en carretera. Los 27 decesos anotados en 2017 lo fueron, por cierto, en carreteras convencionales.

En los próximos consejos de ministros se cambiará ahora la norma para, de esta forma, dar tiempo a que los titulares de las carreteras hagan acopio de las nuevas placas de velocidad instaladas en estas vías. Las fuentes consultadas recordaron que para ahorrar costes y tiempo, la sustitución de las señales se podría realizar con placas adhesivas, como se hizo cuando durante unos meses se redujo a 110 por hora la velocidad en autovías y autopistas. Una medida también tomada bajo el mandato de Pere Navarro y que fue muy polémica.

Ahora, la DGT tiene que utilizar la vía del real decreto. El motivo es que, a diferencia de pasadas legislaturas en las que el consenso político era la tónica en materia de seguridad vial, la actual situación podría alargar el debate parlamentario para tramitar la reforma. Los predecesores de Navarro en el cargo, María Seguí y Gregorio Serrano, también lo intentaron pero chocaron con diferentes sectores, políticos y sociales, además del Consejo de Estado, para llevar a cabo la modificación de la ley.

Tráfico justifica que la reforma tiene el objetivo de «aumentar el nivel de seguridad de los usuarios de las vías, al reducir las velocidades máximas»; «reducir el nivel de siniestralidad en general, y especialmente de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, motoristas)», y «reducir la tasa de siniestralidad en los términos que señala la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020».

No será la única novedad. La DGT prevé actualizar el carné por puntos, tras más de diez años en vigor. Las distracciones, especialmente por el uso del teléfono móvil y los sistemas de mensajería, serán sancionadas con la pérdida de seis puntos. Tráfico también quiere que se detraigan cuatro puntos -ahora son tres- para aquellas personas que no lleven el cinturón de seguridad, el casco o las sillitas de retención infantiles adecuadas.