Los dos principales líderes de la organización terrorista peruana Sendero Luminoso,
que a la vez mantienen una antigua relación sentimental, han sido separados por las autoridades tras 12 años de convivencia en el penal de máxima seguridad construido en la Base Naval de El Callao. La medida se tomó después de que Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, junto con otros cinco miembros de la cúpula senderista, desafiaran al tribunal que les juzgaba el pasado 5 de noviembre, levantando el puño y lanzando vivas a la lucha armada y a sus «héroes«. «Su ausencia duele. Saben dónde golpear«, le dijo Guzmán a la congresista Julia Valenzuela en su nueva celda de la Base Naval.
La congresista, quien preside la subcomisión que verifica las condiciones carcelarias, se entrevistó también en días pasados con Iparraguirre, ahora recluida en la cárcel de mujeres de Chorrillos, adonde ingresó el pasado día 15 al terminar la segunda audiencia del frustrado juicio. En ese momento, la congresista Valenzuela se encontraba en el penal y pidió ver a la detenida. Según el diario La República, Iparraguirre se quejó a la congresista de lo que, a su juicio, es una injusticia por haber levantado el puño. «Era una forma de saludo al pueblo peruano», alegó.
Guzmán e Iparraguirre fueron detenidos en septiembre de 1992. Luego fueron confinados en celdas especialmente construidas para ellos en la Base Naval de El Callao. Se les impuso un régimen sumamente estricto, de aislamiento total, con sólo 30 minutos al día de salida al patio y ninguna posibilidad de conversar, leer ni escribir. Meses después, Rafael Merino, influyente asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y Vladimiro Montesinos, el ex hombre fuerte del espionaje, intentaron lograr la capitulación de Guzmán. Ambos le convencieron de la necesidad de acabar con la lucha armada iniciada en 1980 y de pedir un acuerdo de paz. Guzmán aceptó, pero a cambio pidió flexibilizar sus condiciones carcelarias.
Montesinos, con la anuencia del entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, aprobó una serie de privilegios para la pareja. Primero fue la tarta de cumpleaños, el 3 de diciembre de 1992, para Guzmán. Luego vinieron largos paseos en el patio en los que coincidía la pareja. Finalmente, autorización para encuentros amorosos, además de poder leer diarios y revistas y ver televisión a discreción. El resultado, una carta firmada por Guzmán anunciando al mundo su capitulación. Desde el lunes pasado, el líder senderista tiene nueva celda y ningún privilegio.
Sendero Luminoso, en el banquillo
Desde la captura de su máximo líder, Abimael Guzmán, en septiembre de 1992, la organización Sendero Luminoso, responsable en buena parte de la violencia que ensangrentó Perú durante dos décadas, entró en declive hasta su práctica aniquilación. Con el tiempo, los medios de comunicación dejaron de hablar de aquella pesadilla. De repente, Guzmán ha recuperado el protagonismo, y la imagen del líder senderista, puño en alto, vociferando consignas de vieja época, ocupó ayer las portadas de diarios. El regreso mediático de Sendero Luminoso ha reabierto un debate que divide a la sociedad peruana sobre un pasado no tan lejano.
«Inadmisible», «A pesar de los 70.000 muertos sigue siendo el mismo extremista», podía leerse en la primera página de los principales periódicos. Así resumió la prensa los incidentes del viernes en Lima, durante la primera audiencia del juicio contra 17 dirigentes de Sendero Luminoso, los puños en alto y vivas al «marxismo-leninismo-maoísmo» y a los «héroes de la guerra popular».
Tras el accidentado inicio del juicio, que fue suspendido por una semana, diversos comentaristas han sembrado la alarma como si las huestes de Sendero Luminoso estuvieran en condiciones de asaltar Lima. Es cierto que grupos armados han realizado acciones de propaganda en puntos aislados de Perú, pero hasta ahora el Gobierno sólo reconoce mínimos reductos de presuntos combatientes senderistas, que actúan en zonas de difícil acceso, sin coordinación entre sí ni con los líderes en la cárcel.
«Hay que silenciarlos», decía ayer Alan García, ex presidente y jefe del principal partido de la oposición (APRA), al tiempo que pedía un homenaje a los que murieron por la violencia de Sendero. En los 20 años que duró la guerra popular declarada por Abimael Guzmán, a la que se sumó el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), 69.280 peruanos murieron o están desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Esta cifra supera con creces las pérdidas humanas en la guerra de la independencia y la guerra con Chile. El éxodo de la población civil produjo medio millón de desplazados.
Si bien la Comisión de la Verdad llegó a la conclusión de que el 54% de las víctimas se pueden atribuir «al iniciador del conflicto» -Sendero Luminoso- y el 37% a los agentes del Estado -militares, paramilitares y policías-, el castigo sólo cayó para una de las partes, los alzados en armas, cuando hubo graves violaciones de derechos humanos que fueron responsabilidad de las Fuerzas Armadas. La reparación a las víctimas y a sus familias ha sido escasa o nula.
Asignatura pendiente
El juicio que comenzó el viernes era una asignatura pendiente desde hace más de una década, pero hay mucha incertidumbre no sólo entre los acusados de terrorismo, sino en las filas de la Comisión de la Verdad. Cuesta entender, por ejemplo, por qué el primer nuevo juicio es en relación a la academia César Vallejo, intervenida en junio de 1992 y que, según consta en el expediente, era utilizada por Sendero Luminoso para captación. Dicha operación permitiría después la detención de Guzmán.
El caso de la academia tiene mucha menor entidad que algunos de los crímenes más sangrientos perpetrados por los senderistas, como la matanza de Lucanamarca (3 de abril de 1983), donde 69 pobladores fueron asesinados; o el coche bomba en Lima, (16 de julio de 1992), que causó 25 muertos y 150 heridos. Abimael Guzmán calificó de «excesos» tales acciones en las reuniones que mantuvo hace dos años con la Comisión de la Verdad.
Se ha empezado a juzgarles por un delito que no tiene que ver directamente con ningún crimen, mientras que hay una dispersión de causas a la espera de lo que será el megaproceso, previsto para 2005. Los juicios serán en el mismo lugar donde se desarrollan los procesos contra el otro gran enemigo del Estado, Vladimiro Montesinos, antiguo jefe de inteligencia y ex asesor presidencial de Fujimori. Montesinos y Guzmán comparten el mismo centro de reclusión, que el primero ordenó construir para encerrar al jefe senderista.
Un juicio con más garantías
El 3 de enero de 2003, el Tribunal Constitucional peruano declaró que una parte sustancial de la legislación antiterrorista aprobada durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori violaba la Carta Magna. La decisión del alto tribunal fue consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad promovido por familiares de condenados por terrorismo, que recogieron las 5.350 firmas necesarias. Tras la sentencia, el presidente de la República, Alejandro Toledo, promulgó una serie de decretos que establecen la nulidad de los juicios por traición a la patria llevados a cabo por tribunales militares, la nulidad de las sentencias y del proceso penal militar, y la remisión de los expedientes de la jurisdicción castrense a la ordinaria.
Los ocho nuevos decretos regulan, entre otras cosas, el régimen jurídico de la cadena perpetua, que podrá ser «revisada cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de libertad» y las restricciones a la publicidad de las audiencias -«el juicio por delito de terrorismo será público, bajo sanción de nulidad»-. Todos los integrantes de la llamada cúpula de Sendero Luminoso, a la que pertenecían los procesados que el viernes mantuvieron una actitud desafiante ante el tribunal, fueron condenados a cadena perpetua en juicios relámpago, en los que el procesado se sentaba frente a un espejo inmenso sin poder ver el rostro de quién o quiénes le juzgaban, cuya voz se difundía distorsionada a través de un parlante.
Numerosos peruanos, no sólo senderistas convictos y confesos, sino también miles de humildes campesinos de los departamentos más golpeados por la violencia, fueron condenados a duras penas sin poder defenderse. Las cárceles llegaron a albergar a 12.000 presos. Hoy quedan unos 1.400, entre los que, según las organizaciones de derechos humanos, hay simples colaboradores que fueron condenados por una pintada, alojar a un senderista o lanzar octavillas; reclusos que se han desvinculado ideológica y políticamente de Sendero Luminoso; otros que se convirtieron al cristianismo; algunos que declaran estar arrepentidos y, por último, están los dirigentes que no renuncian a nada y que, sabiéndose derrotados, reclaman «una solución política a los problemas derivados de la guerra popular», tal y como ha reiterado en diversas ocasiones Abimael Guzmán.
Tras la promulgación de los decretos que anulan los juicios de la época fujimorista, la Sala Nacional de Terrorismo, que preside el juez Pablo Talavera, es la encargada de convocar los nuevos procesos.
