La prensa europea, ¿plataforma terrorista?

Radicalización de la violencia y reclutamiento de terroristas” es el título del documento. Lo ha redactado la Unión Europea y tiene como blanco a los periodistas, a quienes se acusa de ayudar indirectamente a los terroristas, difundiendo sin filtro sus proclamas, aireando sin tino sus propósitos y ensalzando su imagen sin cuidado.

“Algunos medios diseminan propaganda, la cual contribuye a acrecentar una radicalización de la violencia”.

Según el informe de la Comisión Europea, el empeño de los periodistas por presentar “un mundo reduccionista y conspiratorio, en el que la falta de igualdad y la opresión son dominantes” debe ser corregido con “algún tipo de principio de autorregulación o código de conducta”. Dicha autorregulación es considerada por la Comisión como algo “beneficioso”.

La Comisión reconoce que los periodistas, en el contexto internacional actual, “se enfrentan a la difícil responsabilidad de reconciliar su tarea de informar al público con la necesidad de no facilitar las intenciones de los terroristas”.

El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, explica que los servicios de la comisaria encargada de información y medios de comunicación, Viviane Reding, pretenden reforzar la normativa para evitar la retransmisión de programas con este tipo de contenidos.

Otro de los aspectos en que se hace por fin hincapié es la necesidad de «retener» datos destinados a facilitar la investigación en casos de delitos de terrorismo. Bruselas propone conservar durante un año los datos telefónicos y seis meses las comunicaciones vía Internet. La idea de Frattini es que la directiva pueda ver la luz antes de fin de año.

La iniciativa para atajar las raíces de la radicalización y evitar el reclutamiento de terroristas potenciales cobró fuerza después de los atentados del pasado 7 de julio en Londres, a la vista de que los terroristas suicidas eran jóvenes perfectamente integrados en la sociedad británica. Trabajar en el el ámbito educativo y en los medios de comunicación son algunas de las medidas que se estudian, sin por ello lesionar la libertad de prensa.

«No hablamos de limitar la libertad de prensa sino de actividades que ya están prohibidas porque incitan a la violencia», sentencia Frattini. «No podemos permitir que jóvenes que ven la televisión reciban este tipo de mensajes. Tenemos que erradicar las raíces profundas de la violencia y lo que queremos es un mayor diálogo intercultural, religioso y que las comunidades religiosas participen en el mismo».

Paradójicamente, la propuesta de la UE evita deliberadamente referirse al radicalismo de origen ‘islámico’ . Este pudor, muy en la línea de lo «políticamente correcto», es justificado por Frattini con el argumento de que quienes cometen actos terroristas en nombre del Islam están «abusando» de su religión y, por tanto, en la propuesta para luchar contra las raíces del terrorismo se quiere evitar cualquier sentimiento de «islamofobia».

A pesar de todo, Frattini reclama a los países árabes y a las comunidades musulmanas radicadas en Europa su colaboración en este terreno. Y lanza un llamamiento para que la región euromediterránea se una a Europa en esta oferta de diálogo contra las raíces de la violencia:

«Es la única condición que ponemos: que compartan el principio de que la vida es sagrada».

La propuesta sugiere desarrollar las medidas ya existentes sobre mensajes televisivos, radiofónicos y emitidos vía Internet para frenar la propaganda terrorista y recuerda que existen programas educativos pensados para prevenir indirectamente el enraizamiento de la radicalización violenta en los jóvenes al fomentar la comprensión intercultural y valorando la identidasd europea de respeto a la diversidad cultural.

En la misma línea se explica cómo se puede prevenir la radicalización mediante el desarrollo de políticas de integración y subraya la importancia del diálogo interconfesional,así como entre el Estado y las religiones. Anima a intensificar la cooperación entre las fuerzas del orden y los servicios de la seguridad de los Estados miembros sobre operaciones, información y políticas y sugiere compartir las experiencias de expertos en la materia en el marco de estructuras puestas en marcha por la UE.

Urge a analizar más en profundidad la radicalización violenta y prevé la creación de una red de expertos europeos, así como la financiación de estudios sobre temas relacionados que servirán para elaborar políticas más desarrolladas en el futuro. También indica que la política exterior de la UE tiene entre sus cometidos reducir los factores que, en países terceros, pueden ser caldo de cultivo para el terrorismo.

ARMONIZAR LA LEGISLACION

En cuanto a la directiva sobre la retención de datos, pretende armonizar la legislación europea para que las operadoras de telefonía faciliten los datos considerados esenciales en la investigación de los delitos de terrorismo. Frattini deja claro que no se trata de conocer el contenido de las comunicaciones y que el tratamiento de la información se hará bajo el exclusivo control de las autoridades competentes en materia de protección de datos.

Resalta también que el derecho a la privacidad estará protegido, porque tendrá que justificarse claramente los motivos de la petición de este tipo de datos y admitió ser «consciente» de las preocupaciones de la industria, por lo que su departamento trabaja conjuntamente con los servicios de la comisaria Reding.

El comisario confia en que el Parlamento Europeo se implique en este debate y la directiva pueda salir adelante antes de fin de año. Durante el reciente consejo informal de ministros de Justicia e Interior celebrado en Newcastle (Reino Unido), los Gobiernos no lograron un acuerdo sobre esta normativa, a la vista de los reparos puestos por la industria.

Se plantea conservar los datos sobre el uso del teléfono fijo y móvil durante un año, y seis meses las comunicaciones por Internet. La normativa no se aplicará a los contenidos de las comunicaciones e incluye una disposición que garantiza el reembolso a los operadores del coste añadido que les suponga hacer frente a las obligaciones que se deriven de la aplicación de la directiva.

INDEMNIZAR A LAS COMPAÑIAS

Se trata, en concreto, de datos sobre la hora de la llamada, el lugar desde o al que se llama y los números a los que se llama, tanto a través de teléfonos móviles y fijos. Afecta también a los correos electrónicos, los mensajes envíados por móvil, las fotocopias y los datos sobre el uso de Internet. La información sobre el abonado y el usuario, como el nombre y la dirección también serán tratados por las operadoras o los servicios de comunicación electrónica.

Para garantizar las libertades y los derechos fundamentales y especialmente su vida privada y los datos de caracter personal, el derecho comunitario prevé que los datos se borren cuando no sean necesarios para la transmisión de la comunicación, pero algunos datos se pueden conservar con fines comerciales como la facturación y siempre que se cuente con el acuerdo del consumidor.

A diferencia del Consejo, la Comisión propone armonizar la duración de la conservación de los datos e indemnizar a los proveedores de servicios telefónicos por el coste añadido que le suponga adaptarse a la nueva normativa. El Ejecutivo comunitario aprobó también la adjudicación de siete millones de euros para un proyecto piloto de prevención de actos terroristas y autorizó la firma de la convención del Consejo de Europa sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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