Desde que el presidente George W. Bush confirmó personalmente que la CIA viene operando desde el 11-S una red secreta de cárceles extrajudiciales, los agentes de la «compañía» especializados en contraterrorismo se enfrentan a una dosis adicional de complicaciones: el temor a ser procesados judicialmente por delitos de detención ilegal y aplicación de cuestionables técnicas de interrogatorio a presuntos cabecillas de Al Qaida.
Explica Pedro Rodríguez en ABC que, para intentar cubrirse las espaldas en la medida de lo posible, el Washington Post ha publicado cómo un gran número de estos funcionarios -en lo que debería ser una discreta, opaca y primera primera fila dentro de la lucha contra el terrorismo- ha empezado a suscribir subvencionadas pólizas de seguros para hacer frente a eventuales gastos de abogados o posibles pagos por responsabilidad civil subsidiaria.
Legalitas para espías
Esta acelerada búsqueda de abogados de cabecera, una especie de Legalitas para espías, se basa en la preocupación de que si estos temidos procesamientos o investigaciones llegan a materializarse, los agentes de la CIA no van a contar con la asistencia legal del Departamento de Justicia y tendrán que ingeniárselas por su cuenta. Vulnerabilidad especialmente costosa en un sistema tan favorable a los litigios como el de Estados Unidos.
Buena parte de este clima de ansiedad se basa en el hecho de que la CIA ha utilizado en sus prisiones extrajudiciales técnicas de interrogatorio como cambios extremos de temperaturas o ahogamientos simulados. La Casa Blanca insiste en que las tácticas utilizadas son perfectamente legales pero los agentes especializados en terrorismo anticipan inquietantes consecuencias por violaciones de preceptos domésticos o derecho internacional.
Con el riesgo añadido de que si la Administración Bush logra el necesario respaldo legislativo hacer realidad sus planes de juzgar por lo militar en Guantánamo a los principales líderes de Al Qaida capturados desde el 11-S, durante estos procesos, casi de forma inevitable, saldrán a la luz los desagradables detalles de las técnicas de interrogatorio utilizadas por la CIA con un estimado centenar de involuntarios «huéspedes».
Sobre todo, ante la certeza de que los abogados de los sospechosos en Guantánamo van a argumentar que cualquier testimonio o admisión de sus clientes es inadmisible por su origen coercitivo.
Las pólizas de seguro para proteger al personal de la CIA han sido adquiridas a través de una firma situada a las afueras de Washington, Wright and Company, subsidiaria de la Asociación Mutua de Beneficios de Agentes Especiales creada por ex funcionarios del FBI.
Los responsables de la CIA, con su posición disminuida dentro del proceso de reorganización de los servicios de inteligencia forzado por el 11-S, estarían recomendando al mayor número posible de agentes que suscriban cuanto antes estas pólizas.
De acuerdo con los divulgados detalles de estos seguros de asistencia legal, su coste anual sería de unos 300 dólares (unos 236 euros al cambio), lo que garantiza hasta 200.000 dólares (cerca de 158.000 euros) en gastos de abogados y hasta un millón de dólares (788.000 euros) en pagos por responsabilidad civil subsidiaria.
Desde diciembre del 2001, el presupuesto de la CIA se hace cargo al cien por cien del coste de estas pólizas para todo su personal en misiones de contraterrorismo.
Citaciones en cualquier momento
Un jubilado responsable de la Agencia Central de Inteligencia ha corroborado de forma confidencial «que un montón de gente piensa que las citaciones podrían empezar a llegar en cualquier momento», con miedo a un «cambio de péndulo» por parte de comités investigadores del Congreso de Estados Unidos después de las elecciones legislativas de noviembre, o incluso la posibilidad de casos penales si el Partido Demócrata se hace cargo de la Casa Blanca en las presidenciales del 2008.
Como parte de los esfuerzos en curso de la Administración Bush por blindar judicialmente a los agentes de la CIA, la Casa Blanca ha propuesto un borrador legislativo para eximir a estos funcionarios secretos de la obligación de responder ante los tribunales por humillaciones y tratos degradantes a sospechosos de terrorismo.
El presidente Bush también ha solicitado que la jurisdicción federal no acepte querellas presentadas por detenidos en poder de la CIA o del Pentágono que citen violaciones de tratados internacionales. Propuestas que, por el momento, no cuentan con el entusiasta respaldo de la oposición demócrata.
