El presidente Bush recibiño la pasada madrugada un espaldarazo a su política antiterrorista con la aprobación, por parte del Congreso de una ley que da autoridad al Gobierno de EEUU para detener, interrogar y enjuiciar a los sospechosos de terrorismo y llevarlos ante tribunales militares. La ley, que tiene que aún que pasar por el Senado, ha sido duramente criticada por las asociaciones de derechos humanos.
Mientras, en el Senado, continúa un debate sobre una medida casi idéntica, con lo que la votación definitiva -incluyendo varias enmiendas- podría ocurrir entre esta noche y la madrugada del jueves. Una vez aprobado en ambas cámaras, la ley será inmediatamente enviada al presidente para su promulgación, antes del receso preelectoral del Congreso.
Bush, por su parte, ha urgido hoy al Senado a aprobar la medida y anunció que a lo largo del día visitará a los senadores republicanos para hablar de este tema. El presidente también ha felicitado a la Cámara de Representantes por haber aprobado la ley.
La norma, sin embargo, no contenta a todos las partes, y los grupos defensores de los derechos humanos encabezan la oposición a la medida. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, dijo en un comunicado que la ley «establece formalmente los tribunales que juzgarán a los terroristas y provee una herramienta clave en la lucha contra el terrorismo».
Según Frist, esta medida también es un alivio para los familiares de las casi 3.000 personas que perecieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La oposición demócrata, que intenta recuperar el control de al menos una de las cámaras del Congreso, insiste en que la medida va muy lejos y será rechazada por los tribunales.
Los demócratas consideran que el proyecto permitirá juicios injustos y abusos durante los interrogatorios de los extranjeros ahora detenidos en la base naval de EE UU en Guantánamo (Cuba).
«Combatientes enemigos»
La medida amplía la definición de los «combatientes enemigos» a cualquier persona que ofrezca apoyo financiero y material a grupos terroristas. El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) señaló que, siguiendo la lógica de los legisladores, hasta los abogados que representan a presuntos terroristas podrían ser encasillados como «combatientes enemigos».
«Esta alarmante definición significaría que casi todos los que se opongan al presidente o al Gobierno (de EE UU) podrían ser encarcelados indefinidamente. Este proyecto de ley es una burla al imperio de la ley», dijo Bill Goodman, director para asuntos legales del CCR.
Drástico revés para los derechos humanos
Los grupos humanitarios coinciden en que al hacer caso omiso a los principios fundamentales de la diplomacia internacional, EE UU sólo conseguirá distanciarse de sus aliados y mermar la cooperación de la comunidad internacional.
La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) dijo que la medida es «un drástico revés para los derechos humanos» porque, entre otras cosas, da al Ejecutivo «licencia para minar la protección de los derechos humanos bajo la Convención de Ginebra».
El mayor desacuerdo entre demócratas y republicanos giró en torno a la eliminación de una cláusula que ofrecía a los prisioneros el derecho a impugnar su detención en los tribunales estadounidenses.
Los demócratas, en su mayoría, piensan que con esa eliminación el Gobierno de EE UU estaría poniendo en riesgo a las tropas que ha desplazado en el mundo. Bush no tuvo más remedio que recurrir al Legislativo después de que en junio pasado el Tribunal Supremo fallara en contra de los tribunales militares establecidos por el Pentágono.
El Tribunal Supremo consideró que esos tribunales violaban tanto las leyes estadounidenses como el derecho internacional, y dejó en manos del Congreso la tarea de idear una ley sobre el trato y enjuiciamiento de presuntos terroristas.
