(PD/Agencias).- Los diputados ecuatorianos estudian la posibilidad de cambiar la sede del Parlamento de Quito a otra ciudad, para evitar la repetición de espectáculos como el protagonizado por los grupos que este martes asaltaron el Congreso.
Los manifestantes exigieron una consulta popular impulsada por el Ejecutivo para instaurar una Asamblea Constituyente que, según el presidente Correa, es apoyada por la amyoría de la población.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha asegurado que el Congreso debe apagar el fuego que ha encendido en el país, al impedir que se agilice su convocatoria a una consulta popular para instaurar una Asamblea Constituyente de plenos poderes.
«Es muy fácil que en estas manifestaciones masivas se haya infiltrado gente que quiera crear el caos, pero por eso digo que estamos jugando con fuego, como lo dijo el propio presidente del Congreso (Jorge Cevallos)», ha remarcado Correa a los periodistas.
Sin embargo, el jefe del Estado ha asegurado que «le corresponde a ellos (los diputados del Congreso), que iniciaron este fuego, apagarlo».
El Gobierno, insistió Correa, tomará las medidas que sean necesarias, dentro del marco jurídico, para llevar adelante la consulta popular que ordenó organizarla al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el próximo 18 de marzo, aunque ese organismo espera el fallo del Congreso para tramitar el plebiscito.
Traslado del Parlamento
La legisladora Martha Bucaram, de la Red Ética y Democrática (RED), cree que el traslado es posible porque la ley permite cambiar la sede del Parlamento a otra ciudad.
Bucaram ha recordado que la sesión parlamentaria fue suspendida por el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, porque consideró que faltaban «garantías» en el edificio donde se halla el Legislativo.
Según Bucaram, después de suspender la sesión el presidente del Congreso pidió a los legisladores que abandonaran el recinto ante la posibilidad de que los manifestantes ingresaran para desalojarlos.
«La evacuación de los diputados se dio de forma tranquila», añadió Bucaram, quien insistió en que los congresistas podrían decidir en las próximas horas el cambio de sede de la Cámara ante la amenaza de más protestas por parte de los grupos sociales.
Guayaquil se perfila como la ciudad que podría acoger transitoriamente la sede del Parlamento en un país en el que los ciudadanos siente que la clase política está muy desprestigiada debido a la corrupción.
Los enfrentamientos que se han producido en el Parlamento no se han traslado, por el momento, a las calles de la capital que no han registrado ningún incidente entre los partidarios de la iniciativa de Correa y sus opositores, informa desde Quito Daniela Creamer.
Violentas protestas
Un fotógrafo de la agencia británica ha asegurado que la policía lanzó gases lacrimógenos para disolver a los asaltantes, que estaban armados con palos y lanzaron piedras, botellas y otros objetos mientras se abrían paso hacia el interior de la sede parlamentaria, que ocuparon hasta ser expulsados por la fuerza. Ante la gravedad de los hechos, los diputados se vieron obligados a evacuar el edificio escoltados por la policía.
«Hemos tenido que abandonar el Congreso porque la protesta estaba yéndose de las manos», ha dicho Federico Pérez, un diputado del opositor PRIAN. «Estaban gritando: ‘Matarles a todos'».
El día de su toma de posesión, el pasado 15 de enero, Correa firmó el decreto por el que daba «orden» al Tribunal Supremo Electoral de organizar el referéndum, que el jefe del Estado sólo pretendía «comunicar» al Congreso, sin darle opción a pronunciarse.
Pero la Ley ecuatoriana señala que el Parlamento debe dar su aprobación a consultas presidenciales que supongan reformas constitucionales, y hay distintas interpretaciones sobre este punto.
Finalmente, el tribunal remitió al Congreso para su estudio el decreto ejecutivo del presidente para la consulta popular destinada a que los ciudadanos decidan si se instala una Asamblea Constituyente.
Este martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso rechazaba dar luz ver a dicha consulta, lo que desató la ira de los miles de manifestantes que tomaron el centro de Quito para reclamar que el asunto se devuelva al Tribunal Supremo electoral.
Entre los manifestantes había campesinos, indígenas, militantes de diferentes partidos políticos, ciudadanos, miembros de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y también un grupo de trabajadores de la empresa eléctrica, según ha informado una emisora de radio local.
