Un juez estadounidense condenó hoy al ex alto asesor de la Casa Blanca Lewis ‘Scooter’ Libby a dos años y medio de cárcel por mentir a un jurado sobre la filtración a la prensa del nombre de la ex espía Valerie Plame.
Libby fue acusado este año de mentir a un jurado sobre sus conversaciones con periodistas respecto a la identidad de Plame, cuyo nombre salió publicado en la prensa en julio de 2003, después de que su marido criticase al gobierno estadounidense por los motivos esgrimidos para comenzar la guerra en Iraq.
Al emitir su sentencia, el juez encargado del caso, Reggie Walton, afirmó que «la gente que ocupa este tipo de puestos, en los que tienen el bienestar y la seguridad de la nación en sus manos, tienen la obligación especial de no hacer nada que pueda causar un problema».
Además de los treinta meses de cárcel, Walton condenó a Libby, que era jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, a pagar una multa de 250.000 dólares. Una vez que haya cumplido la pena, Libby permanecerá durante dos años en libertad condicional, según dictaminó Walton.
En un breve alegato antes de que el juez anunciara su decisión, el ex alto funcionario, que siempre ha mantenido su inocencia, pidió que no se le condenara a prisión:
«Espero que este tribunal tenga en cuenta, además del veredicto del jurado, toda mi trayectoria».
Libby presentó en su apoyo varias cartas de diferentes funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado que recordaban el apoyo dado por este ex alto cargo durante la Guerra Fría y la Guerra del Golfo.
El fiscal especial asignado al caso, Patrick Fitzgerald, pidió una sentencia ejemplar en el caso y que se le impusieran a Libby hasta tres años de cárcel. «Tenemos que dejar claro que la verdad importa, y mucho», aseguró Fitzgerald.
El caso comenzó en 2003, cuando el columnista Robert Novak publicó en un artículo el nombre de Plame identificándola como agente de la CIA, y reveló que había recibido la información de dos altos cargos de la Casa Blanca.
La filtración a sabiendas del nombre de un agente de la CIA en activo puede ser un delito en EE.UU. y Bush ordenó que se abriera una investigación sobre el caso.
