(PD/Agencia EFE).- Amnistía Internacional (AI) denuncia en su informe anual sobre las torturas y malos tratos, que estas prácticas persisten en más de cien países como resultado de la acción de las fuerzas de seguridad, policía y otras autoridades del Estado. AI ha publicado los datos con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se celebra este martes.
«Es preocupante el hecho de que no todos los países tomen medidas para erradicar todas las formas de tortura patrocinadas por el Estado, y que algunos de ellos, incluso, la estén fomentando, mientras otros cierran los ojos o permiten que otros países la practiquen en su nombre», afirma AI.
«La tendencia, en el contexto de la ‘guerra contra el terrorismo’ (impulsada por EEUU), a legitimar e incluso legalizar el uso de la tortura no hace sino acentuar esta preocupación», según Amnistía. La organización asegura haber detectado casos de tortura en numerosos países, entre los que destaca EE UU, a quien reprocha su «guerra contra el terrorismo». La ONG acusa a Washington y sus aliados de «abusos sistemáticos» perpetrados en el marco de la lucha antiterrorista, como «reclusiones secretas, desapariciones forzadas y torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes».
AI también condena el mantenimiento de la prisión estadounidense en la base naval de Guantánamo, donde están recluidos supuestos terroristas sumidos en un limbo legal y cuyo eventual cierre está estudiando la Casa Blanca. «Guantánamo, los centros de detención secreta y la externalización de la tortura mediante entregas ‘extraordinarias’, en numerosas ocasiones con la complicidad de gobiernos europeos, se han convertido en símbolos ostensibles del abuso de poder por parte de EE UU», señala Amnistía.
La lista negra incluye a España
España también es objeto de las críticas de AI, que asegura que en este país sigue habiendo «informes de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley». Esa situación, precisa, se ve «agravada por la falta de investigaciones sistemáticas e independientes de tales incidentes».
Pese a haber ratificado en 2006 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, España -insiste- «mantiene vigentes prácticas condenadas por el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura por considerar que aumentaban el riesgo de tortura y maltrato, como la detención en régimen de incomunicación».
Otro país europeo bajo sospecha es el Reino Unido, que continuó “socavando la prohibición universal de la tortura al intentar expulsar a personas a las que consideraba sospechosas de terrorismo a países con historiales de tortura y otros malos tratos», según Amnistía. En Rusia, apunta AI, «se practicaron torturas bajo custodia policial en todo el país».
Fuera de Europa, la organización lamenta que en muchos países de Oriente Medio y el norte de África «las fuerzas de seguridad tenían prácticamente carta blanca para detener, intimidar y torturar a los oponentes políticos y los presuntos delincuentes». Como ejemplos de esa situación cita a países como Argelia, Egipto, Irak, Irán, Jordania, así como Arabia Saudí, Kuwait, Libia, Marruecos, Siria, Túnez y Yemen.
Sobre Latinoamérica, AI habla de supuestos casos de tortura y malos tratos en México, Chile y Paraguay.
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