(PD/Agencias).- Quedan menos de 18 meses para que expire su mandato pero aún busca un legado por el que ser recordado. El presidente de EE UU, George W. Bush, que en sus tiempos como gobernador de Texas batió el récord de confirmaciones de la pena capital en este estado -152 en ocho años-, regresa a los corredores de la muerte, esta vez para reducir el tiempo de estancia de los reos: pretende eliminar varios niveles del sistema de apelaciones en las cortes federales para acelerar las ejecuciones, según ha hecho público Los Angeles Times.
El Fiscal General de Estados Unidos, Alberto Gonzales, el principal asesor de Bush durante su estancia en Texas, está ultimando los detalles de una regulación que permitiría acudir al Departamento de Justicia, en lugar de a las cortes federales, como árbitro para decidir si los presos deben vivir o morir.
De hacerse efectiva, en algunos casos los condenados tendrían menos tiempo para apelar y la cortes de apelación menos tiempo para responder. En la cuestión de si los defendidos reciben una adecuada representación en el juicio –fundamental, especialmente en los estados del sur, que carecen de un sistema público de defensa- el Fiscal General tendría el poder exclusivo de decisión.
Los antecedentes de Gonzales no son muy alentadores: ha optado por la condena a muerte en la mayoría de los casos que han caído en sus manos. La regulación, que será sometida a debate público a lo largo del mes de septiembre, será puesta en marcha «tan rápido como las circunstancias lo permitan», según un portavoz del Departamento de Justicia de EE UU, cita The Guardian.
EE UU, con 52 presos ejecutados, es el sexto país del mundo que más condenas de muerte ha llevado a cabo, según datos de Amnistía Internacional. El primer puesto lo ocupa China, con 1.010 condenas, seguido de Irán (177), Pakistán (82), Irak (65) y Sudán (65).
La tendencia en EE UU contradice los propósitos de Bush
El empeño de la Administración Bush por facilitar la ejecución de la pena máxima tropieza con la tendencia en muchos estados, que la rechazan cada vez más. El año pasado se registró la cifra más baja de condenados a muerte -114-, de los últimos tiempos.
El desarrollo de las pruebas de ADN ha cuestionado la validez de muchas condenas a muerte. Illinois, por ejemplo, ha paralizado todas las ejecuciones y otros muchos estados han comenzado a revisar las condenas a pena capital.
