(PD).-Fidel Castro está acusado de genocidio, crímenes contra la humanidad, torturas y terrorismo y por ello hoy el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberá examinar el recurso presentado por el Comité de Ayuda a la Disidencia 2506 (CAD 2506) contra la decisión del juez Santiago Pedraz de no admitir a trámite una querella contra el jefe del Estado cubano.
En la querella, interpuesta el pasado 26 de febrero, se le acusa además, junto al ministro de Turismo, Osmani Cienfuegos, de «ser responsables directos de la horrenda e injustificable muerte por asfixia de nueve prisioneros cubanos mientras eran trasladados en el año 1961» en Bahía Cochinos tras ser apresados.
El magistrado entendió el asunto era ya «cosa juzgada» puesto que se habían pronunciado sobre los mismos hechos el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 y la Sala de lo Penal, que archivaron dos querellas anteriores similares, presentadas en esta ocasión por otra asociación, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El CAD 2506 recurrió esta inadmisión, y por ello que ahora la decisión depende de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Javier Gómez Bermúdez. En su apelación, la asociación indicaba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez Pedraz daban la impresión, al rechazar la admisión a trámite, de «procurar garantizar a la dictadura castrista la inimputabilidad de los crímenes cometidos contra el pueblo cubano» y de «proteger y amparar a los criminales liderados por Fidel Castro«, según informa hoy la edición digital de El País.
Según versiones surgidas desde la Audiencia Nacional es muy probable que la querella quede finalmente archivada, aunque previsiblemente se debatirá sobre la situación en que se encuentra Fidel Castro, ya que, debido a su enfermedad, ha cedido de forma provisional la presidencia del Gobierno de su país a su hermano Raúl Castro, otro de los querellados.
La importancia de ese debate radica en dilucidar si Fidel Castro podría ser ahora procesado por la Justicia española tras haber dejado la jefatura del Estado ya que, según el Tribunal Constitucional, la jurisdicción universal de los tribunales españoles «no afecta a los jefes de Estado en ejercicio«, según recoge Infobae.
