(PD / EFE).- La Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de justicia de Guatemala, dejó sin efecto un proceso judicial contra cinco militares y dos civiles guatemaltecos acusados de genocidio por la Audiencia Nacional de España.
La CC resolvió a favor de los implicados un amparo que habían presentado hace un año contra el máximo tribunal español, que pretendía extraditarlos a España, explicaron hoy a periodistas abogados de querellantes y de los militares.
Con esta resolución quedan sin efecto las órdenes de captura con fines de extradición de esas siete personas contra quienes se había querellado la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, por genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
La resolución de la CC fue notificada hoy a las partes y en ella se considera que la ANE no tiene competencia para juzgar a guatemaltecos, informó el abogado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), Benito Morales.
El amparo había sido presentado por el general retirado Ángel Anibal Guevara, el coronel German Chupina y el civil Pedro García, en el que pidieron al máximo tribunal rechazar la jurisdicción de la ANE para juzgarlos.
La resolución de la CC también beneficia a los generales Efraín Ríos Montt, Oscar Mejía y Benedicto Lucas, y al civil Donaldo Álvarez.
El abogado de Guevara, José Toledo, dijo a periodistas que la resolución de la CC, que le fue notificada este martes «sienta un precedente en el país porque se reconoce que la ANE no tiene jurisdicción en la justicia guatemalteca».
Guevara y Chupina se entregaron a las autoridades el 6 de noviembre de 2006 al tener conocimiento de que el Tribunal Quinto de Sentencia había avalado la solicitud de captura con fines de extradición de la Audiencia Nacional de España.
Los demás implicados interpusieron una serie de acciones judiciales con las que lograron impedir su captura y eventual interrogatorio en Guatemala.
Los militares y civiles iban a ser jugados por su presunta participación en el incendio de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas.
El abogado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), Benito Morales, expresó hoy su preocupación por la resolución de la CC.
«Nos preocupa porque no se reconoce la competencia de la justicia española y se obvia el principio de la justicia universal», manifestó el jurista.
