Alejandra Morales.- La polémica está servida. Las medidas que el Parlamento italiano pretende aprobar en materia de inmigración han encendido los sectores más izquierdistas que ven, en estas propuestas, una vía para la expulsión indiscriminada de inmigrantes.
Se trata de una serie de medidas; un decreto, un proyecto de ley y tres decretos legislativos relativos a diferentes aspectos de la seguridad en las que una parte importante se refiere a la cuestión de la inmigración:
1) La inmigración ilegal. Si vienen de manera ilegal, los inmigrantes pueden ser condenados a penas de 6 meses a 4 años de prisión. En el caso para otros delitos como el hurto, robo, asesinato o fraude, el castigo se incrementa en un tercio si la persona que realiza es un inmigrante ilegal y si existe un agravante. Cuando estas personas son condenadas con una pena superior a dos años, se efectúa una expulsión inmediata.
El tiempo dedicado al CPT (Centro de permanencia temporal) pasa de 2 a 18 meses. Esto se debe a que, a día de hoy, dos meses no son suficientes para saber el origen y por ello los inmigrantes, después de dos meses libres, prácticamente entran en la clandestinidad.
También se condenarán con penas de prisión (de 6 meses a 3 años), el decomiso de bienes inmuebles y pago de una multa de 10 a 50 mil euros para quien alquile una casa en dinero negro a los inmigrantes ilegales. Además se prohíbe la mendicidad y se dentendrá a todos aquellos que obliguen a sus hijos a pedir limosna.
2) Comunidades de inmigrantes. Para permanecer en Italia más de 3 meses habrá que demostrar si se tienen recursos suficientes y éstos son derivados de actividades lícitas. Para la residencia se tendrá que demostrar que existe un alojamiento autorizado. Incluso los ciudadanos de la UE pueden ser detenidos en espera para la deportación CPT.
3) Inmigración regular. Se condenan los matrimonios de conveniencia. La ciudadanía se concederá después de dos años de convivencia y no después de 6 meses como ahora. Para enviar dinero al extranjero debería producir un permiso de residencia. De lo contrario el intermediario deberá informar la transacción a la policía después. Se realizará un examen de ADN para determinar el parentesco en el caso de que haya documentos insuficientes.
Para los casos de reunificación familiar, sólo será posible sólo para los niños y padres. Al cónyuge se requiere edad mínima de 18 años y los padres no deben tener otros niños en el país de origen. A quién se le dé asilo político deberá residir en un ámbito específico establecido por el prefecto.
CONSECUENCIAS
Según Massimo Razzi, subdirector de La Repubblica, «se trata de una fuerte represión» que, en muchos aspectos, «corresponde al miedo de mucha gente que ve a los inmigrantes una fuente de problemas».
Los italianos temen que su presencia pueda reducir su calidad de vida, perder su casa, y que sus hijos dejen de tener oportunidades de trabajo.
Razzi explica que «algunas normas pueden tener consecuencias positivas», como puede ser la lucha contra la economía sumergida, pero «otros pueden crear problemas adicionales en el sentido de que sean aún más los extranjeros que vengan a Italia».
Por otra, existen dudas de constitucionalidad, para que coincida con las normas europeas, la desigualdad. Por encima de todo, el crimen de la inmigración ilegal pone a Italia en una posición difícil en el mundo. Nuestro pueblo ha sido en el siglo pasado, una nación de inmigrantes.
Sin embargo, alrededor de un millón de inmigrantes, que realizan una importante labor social en los hogares de un gran número de familias italianas, han presentado solicitudes de regularización en vano; ahora, esas personas pasarían a ser ilegales.
El Gobierno dice que va a tener en cuenta este aspecto, pero no está claro cómo. Por otra parte, hay personas que trabajan en otros sectores (construcción, industria, agricultura), no han cometido crímenes y desde hace algún tiempo llevan pidiendo la regularización. Para estos, una vez aprobada la ley, no habría esperanza: se convierten en inmigrantes ilegales y pueden ser detenidos.
No obstante, muchas de las críticas a este proyecto se refieren al hecho de que, con estas medidas, es probable que sólo afecte a la parte más débil de los inmigrantes y no a las organizaciones que los explotan, los jefes de las mafias, la delincuencia organizada.
¿MEDIDAS RACISTAS?
Razzi entiende que, en estas medidas, «hay aspectos que pueden inmiscuirse en el racismo o la xenofobia» pero matiza: «Por encima de todo, hay respuestas sólo en términos de la actividad policial y la represión».
No trata de escuchar las necesidades de los que llegan, no busca un camino de solidaridad para eliminar la desconfianza y tratar de crear la integración. No se opone al fenómeno con dureza, pero tampoco da respuestas de profundidad.
«Las encuestan aseguran que esta medida se aprobará de forma suficiente. Sólo quién sigue y entiende de política conoce los aspectos negativos de ciertas partes de estas medidas. Me parece que, en general, prevalece el miedo y responden al tal», concluye.
Quizá, cuando se pongan en práctica la mayoría de estas medidas, muchos de los trabajadores y parte de la pequeña industria tendrá que regresar a casa. Entonces algunos comenzarán a darse cuenta de la repercusión… o quizá no.
