José Rosado y Alejandra Morales.- Más de cien países han festejado este jueves el acuerdo que prohíbe el uso de bombas de racimo. Sin embargo, sus principales productores se han negado a firmar amparándose en la legitimidad internacional. Y no es una bicoca; se trata de países con algunos de los ejércitos más poderosos del mundo.
Tras días de negociaciones, representantes de 111 países se han puesto de acuerdo para acabar con una lacra que cada año mata y mutila a miles de civiles en todo el mundo, la mayoría menores.
Con este tratado, los estados firmantes se han comprometido «a no emplear bajo ninguna circunstancia las bombas de racimo», un tipo de explosivo que libera en el aire cientos de municiones explosivas.
Sin embargo, no hay razón para alegrarse. Estados Unidos, China, Rusia, India, Pakistán e Israel se han negado a participar en la conferencia celebrada en Dublín. ¿El motivo? Son los principales productores de este arma; eso sí, ya no podrán utilizar a los estados firmantes como «almacén».
Este tipo de bomba, al ser de dispersión, tiene un efecto indiscriminado que provoca que la mayor parte de los afectados sean civiles. Además, muchas de las ‘sub-municiones’ que libera no explotan, conviertiéndose en verdaderas minas antipersonales.
Las municiones que no explotan, con una potencia mayor que una mina, tienen una forma similar a las latas de refresco y colores chillones, que las hacen muy atractivas para los menores hasta el punto que el 60% de los fallecidos o mutilados por este arma son niños.
Un negocio que genera negocio
La mayoría de estas bombas y minas vienen principalmente de dos países que no han firmado el acuerdo: Estados Unidos y Rusia. Emilio Ruiz Barrachina, que acaba de volver de Sudán donde ha rodado un documental sobre los efectos de este tipo de explosivo, explica que «es un negocio que genera negocio» ya que la ONU «contrata a empresas americanas y australianas para quitar las municiones que no explotan y éstas llegan a cobrar unos 35.000 euros por semana».
En Sudán, por ejemplo, los restos de minas y municiones de las bombas de racimo no se despejarán hasta 2012. Haciendo cálculos nos damos cuenta de la gran suma de dinero que ganarán estas empresas… y en dos años sólo se han quitado un 15%.
Mabel González, de Greenpeace, asegura que la cantidad de países firmantes «va a condicionar» a los que se han negado ya que «el acuerdo es tan categórico» que les supondrá «una condena moral y un gran coste político».
No obstante, la responsable de Desarme de la organización señala que se trata de un hecho histórico.
Se ha logrado un texto sin excepciones, sin retrasos y sin etapa de transición pese a las peticiones iniciales. Es un gran paso, de un texto que incialmente apoyaban 46 países, hoy día lo hacen tres cuartas partes del mundo.
En los mismos términos se ha expresado Maribel Tellado, de Amnistía Internacional. «Hemos recibido el acuerdo con satisfacción gracias al consenso obtenido», asegura, «esta prohibición estigmatizará el uso de estas armas».
Tellado explica que estas bombas «se fabricaban en 34 países pero existían en 76» así que, pese a la negativa de los principales productores, «se trata de una medida que tendrá un impacto importante» ya que obligará a los países firmantes a rechazar «sin matices» el uso y almacenamiento de todos los tipos de munición para las bombas de racimo.
