(PD).- Algo más de tres millones de votantes irlandeses tienen en sus manos el futuro de 500 millones de europeos. Tras semanas de vibrante campaña seguida con lupa desde Bruselas, los ciudadanos de la República de Irlanda están convocados hoy a las urnas para decidir si ratifican el Tratado de Lisboa, el acuerdo alcanzado por los Veintisiete para reformar la UE.
Irlanda es el único país en el que está planificada la ratificación por vía refrendaria, exigida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El no de Dublín amenaza con paralizar otra vez el proceso, tras la negativa de Francia y Holanda a la Constitución en 2005.
Escribe Andrea Rizzi en El País que el establishment político y económico irlandés se ha posicionado en el bando del sí y ha cerrado filas en los últimos días impulsado por el recuerdo de la derrota de 2001, cuando los irlandeses tumbaron el Tratado de Niza. Sin embargo, pese al esfuerzo y a las ingentes ayudas europeas percibidas durante tres décadas, la posibilidad de que el no prevalezca no es poca. Los últimos sondeos indicaban un empate técnico.
Tratar de entender las razones que dan fuerza al no en Irlanda es un viaje a las vísceras del país, actualmente segundo en la UE por renta per cápita tras siglos de atraso. Los argumentos a favor del no son variados -defensa de la neutralidad irlandesa, rechazo a una política de defensa común y a la nuclear, junto a la crítica por la tremenda complejidad del texto-. Oyendo a los activistas, todas las críticas tienen un denominador común: el sueño de una Europa mejor. Pero excavando en las bases, la impresión es que en el rechazo pesan más los miedos que los sueños. Fundamentalmente, perder bienestar y los privilegios conquistados en estos años.
El argumento más común del no es la disminución de influencia de Irlanda en la UE. «Los países pequeños perderán peso en el Consejo, por su escasa población. El poder de veto será reducido. Y en la Comisión no tendremos garantizado un comisario», resume Patricia McKenna, líder del Movimiento del Pueblo, la principal plataforma del no. Esta tesis la respalda el Sinn Fein, el único partido del arco parlamentario que pide el no. McKenna, que también protagonizó la campaña anti-Niza en 2001 y que fue eurodiputada verde, subraya que su lucha es contra «un proceso sin legitimidad democrática, en el que se ha reempaquetado la Constitución rechazada en 2005, quitando el derecho de opinar a los pueblos».
Pero a pie de calle, lejos de aspiraciones idealistas, la sensación es que lo que más molesta es el aumento del poder de Bruselas en detrimento de Dublín. «Nuestra población es el 1% de la UE. Tendremos el 1% de acciones en la empresa UE. Es decir, nada», afirma un comerciante. Esta sensación es recurrente en conversaciones con taxistas, en bares o en los pasillos del Trinity College.
El referéndum ha puesto en apuros al recién estrenado primer ministro, Brian Cowen, quien ha admitido no haber leído el texto del Tratado. La campaña ha evidenciado de manera clara la distancia entre el Tratado y la gente. Nadie lo entiende y es difícil encontrar en él beneficios concretos para los ciudadanos.
En las calles de Dublín, las pancartas del no invitan al voto «para conservar el comisario» o «mantener los impuestos bajos». Las del sí, «para permanecer en el corazón de Europa». Entre la concreción de los primeros y la vaguedad de los segundos hay un abismo que puede costar caro a Europa. Ayer, al menos, hubo un respiro: los parlamentos de Finlandia y Estonia aprobaron el Tratado de Lisboa.
