(PD).- Demócratas y Republicanos han alcanzado un nuevo acuerdo en el Congreso de EE UU (las dos cámaras parlamentarias del país), esta vez para reformar una ley de modo que amplíe las capacidad de los servicios de inteligencia para escuchar a los ciudadanos y abra la posibilidad de librar de responsabilidad legal a aquellas compañías telefónicas que, a petición de la Casa Blanca, pasaron a los servicios de inteligencia de EE UU grabaciones de las conversaciones de algunos de sus clientes durante la fiebre patriótica que siguió a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
La reforma de la Ley de Escuchas para la Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), que será aprobada mañana mismo con toda probabilidad, permitirá a los servicios de inteligencia llevar a cabo escuchas de emergencia sobre ciudadanos extranjeros o estadounidenses durante una semana si se determina que, en caso contrario, se perdería información relevante para la seguridad nacional. Varios senadores demócratas mantenían reservas sobre las garantías civiles que ofrece el proyecto.
Pero la razón por la que los demócratas habían bloqueado la reforma legal durante meses residía en un apartado que permite a los tribunales locales decidir si las escuchas ilegales que las empresas de telecomunicaciones llevaron a cabo instruidas por la Casa Blanca después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 merecen la aplicación retroactiva de las estas medidas. Las escuchas que el presidente Bush ordenó entonces no habían sido aprobadas previamente por un juez, lo que las convertía en ilegales.
Los más de cuarenta procesos abiertos contra las telefónicas podrían quedar archivados si, a la luz de la reforma legal, los tribunales consideraran que el hecho de que la Casa Blanca hubiera solicitado por escrito las grabaciones asegurando entonces la legalidad de éstas libraba de responsabilidad a las compañías de teléfonos. Los demócratas han transigido y una vez sea aprobada, la reforma de la FISA será la mayor llevada a cabo en los últimos 30 años.
El senador demócrata Christopher Dodd ha afirmado que «el presidente no debería estar por encima de la ley y tampoco las empresas que apoyaron su apuesta por espiar a los ciudadanos». También desde las organizaciones de Derechos Humanos han criticado la medida: «Los demócratas han obtenido algunas concesiones de la Casa Blanca, pero afortunadamente, el proyecto de ley permite un amplio acceso inconstitucional acceso a un número incalculable de correos electrónicos y llamadas telefónicas de residentes y negocios de EE UU», ha valorado.
