Gustavo Oré Aguilar (IECAH).- Cuando se pretende encontrar una explicación al rechazo que sufren las personas inmigrantes, normalmente se concluye en que se superponen dos problemas: el racismo (que se expresa en la discriminación por ser diferentes física y étnicamente) y la xenofobia (que conlleva el odio hacia la extranjera o extranjero). Hoy, sin embargo, es la mera condición de inmigrante la que empieza a determinar un rechazo mayor, provocando una suerte de real y visceral inmigrafobia.
La inmigrafobia puede definirse como el rechazo (acompañado del acoso) social o institucional a una persona o colectivo por razón de su origen, nacionalidad, idioma, situación económica de necesidad, color de piel, etnia, religión y diferencias de otra índole, englobadas en su condición de inmigrante; es decir, cuando se halla temporal o permanentemente establecida en un país que no es el suyo. Este rechazo se viene asentando cada vez más, por ejemplo, “el porcentaje de personas españolas que muestran actitudes hostiles hacia las personas inmigrantes se ha incrementado del 8 al 32% de 1997 a 2004 y de modo particularmente destacado desde 2000. Asimismo, el 60% de la población parece asociar la inmigración con la delincuencia”.
La inmigrafobia se manifiesta groseramente o de forma sutil, dificultando su detección y denuncia, a diferencia del racismo o la xenofobia que están definidos, identificados y prohibidos en leyes internacionales y nacionales, la inmigrafobia se ve reflejada en la orientación de las políticas de gobierno. Y la reciente Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, termina por hacernos pensar que incluso se está oficializando, a pesar de que los discursos políticos gubernamentales digan lo contrario. Normas como ésta simplemente responden a la deficiente legislación en la materia y al aprovechamiento político de este rechazo a inmigrantes. La prueba está en que las divergencias entre grupos políticamente antagónicos desaparecen cuando ambos han identificado al “enemigo común”: la persona inmigrante y su irregular situación.
Según la norma europea, estas personas inmigrantes podrán ser recluidas hasta por un año y medio, cual delincuentes, y luego expulsadas. La norma contempla incluso que niñas, niños o adolescentes no acompañados- es decir sin sus padres- podrán ser expulsados a países donde no tengan un tutor o una familia, siempre que haya estructuras adecuadas de acogida.
Además, se establece que no pueden volver hasta pasados cinco años (¿para qué deberían volver estas personas a Europa luego de ser expulsados de esta forma?, ¿acaso no es un absurdo?). Lo que sucede es que se pretende darle a la directiva algunos visos de justicia, pero la justicia está en relación directa con la razón, la cual parece estar ausente en gran parte de la norma.
Hasta ahora la inmigrafobia se consideraba un fenómeno atribuido a la masas menos educadas en la comunidad de acogida y también se le endilgaba a la ultraderecha. Pero a partir de normas como la antes referida esta nueva fobia toma forma de política oficial y administrativa, de modo tal que se configura una sintonía entre los grupos antes mencionados y las posturas oficiales.
Lejos de resolver temas de fondo o de analizar concienzudamente un tema tan complejo como el de los flujos migratorios- considerando, por ejemplo, cuál es la responsabilidad de las empresas que emplean irregularmente a muchas de estas personas inmigrantes- se les achaca toda culpa a quienes han inmigrado y se encuentran en situación irregular.
Según esta lógica, la criminalidad se incrementa por los y las inmigrantes, puesto que estar en situación irregular equivale para el Parlamento Europeo a asesinar, robar o violar, y esa es razón suficiente para decretar su detención y expulsión.
Triunfa así el miedo y la mentira, alimentado por el discurso de ciertos medios de comunicación que tienen un sesgo ya conocido, llevando a la política europea, a iniciativa de los gobiernos de Italia y Francia en particular, a envolverse en la falacia de que el principal problema de este continente es la inmigración, sin percatarse que esta
situación favorece justamente a aquéllos que pagan cada vez menos salarios, a quienes pretenden abusar laboralmente de los trabajadores. Al respecto cabe mencionar que el informe “Racismo, xenofobia y antisemitismo en España” señala que “la explotación laboral se añade a la discriminación laboral con abusos tales como… entornos laborales no saludables e inseguros, falta de comida para las asistentas de hogar, impago de salarios, jornadas laborales muy extensas, falta de vacaciones, despidos improcedentes, insultos y comentarios racistas, amenazas”.
En esa misma línea se hace creer que si los salarios bajan para los locales es por culpa de los inmigrantes, responsables también del incremento del desempleo y de la subida de las hipotecas. Pero no se dice con igual fuerza que estamos sufriendo una crisis mundial, acompañada de una inmoral especulación del petróleo y de productos alimentarios, ni mucho menos que trabajar en cualquier país es un derecho fundamental.
Tampoco se menciona que lo que subyace es el encubrimiento de la precariedad y la incapacidad de las administraciones para generar políticas sociales coherentes y adecuadas al contexto de la comunidad receptora, permitiendo que empresarios que contratan en forma irregular sigan perjudicando tanto a personas comunitarias como a inmigrantes.
Por otro lado, cuando se identifican a estos seres humanos como “masas de inmigrantes”, sin cuidar la terminología en el tratamiento del fenómeno, se pierde la oportunidad de educar a la sociedad sobre otros aspectos de fondo de estas medidas represoras. Se olvida también que son contrarias a la legalidad internacional de los derechos humanos. Pero sobre todo, se evita decirle a la opinión pública que el poder institucional de los gobiernos nacionales no debe ser usado para legitimar los prejuicios sociales ni para manipularlos en su beneficio, sino para corregirlos, evitando que los temores individuales y colectivos terminen imponiéndose al respeto a los derechos humanos y a la más elemental solidaridad.
No sería coherente pensar que no hay que tomar medidas para la regularización y el retorno ordenado de las personas que no estén en condiciones de desarrollar un trabajo digno en la Unión Europea. Pero eso se debe hacer con medidas serias y coherentes, no con directivas que atentan evidentemente contra los derechos fundamentales de personas que cometieron “el delito” de nacer en el hemisferio sur del planeta, de viajar en busca de un mejor empleo y de no tener regularizada su situación administrativa- en gran cantidad de casos no porque no quieran hacerlo, sino porque las propias leyes y prácticas de las autoridades de la comunidad de acogida les ponen mil trabas para ello.
Medidas como éstas pueden vehicularse, en primer lugar, a través de leyes migratorias claras y eficaces, que se cumplan realmente y que garanticen los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo. En segundo lugar, mediante procesos de regularización para personas que ya se encuentren trabajando y asentadas; y, por último, realizando controles rigurosos y sancionando a quienes emplean inmigrantes en esta situación y les mantienen en regímenes de semi-esclavitud.
Aún hay tiempo para recapacitar. Tan sólo imaginar que volveremos a ver grandes grupos de seres humanos recluidos en establecimientos de la Unión Europea- se vislumbran los “Guantánamos europeos”, como acaba de decir Juan José Millas- genera un temor y un recuerdo casi inconsciente de los tiempos de violencia que hace unas décadas se vivió en esta parte del planeta. Parece que quienes votaron en el Parlamento Europeo han perdido su memoria y no recuerdan el significado de concentrar detenidos que no cometieron otro delito que ser diferentes. El poeta Luís Rogelio Nogueras, al visitar el que fuera el campo de concentración de Auschwitz escribió un poema pensando en el Estado Israelí de hoy, en cuyo fragmento final reflexiona:
…pienso en ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó,
pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sión,
que estupefactos, desnudos, ateridos
cantaron la hatikvah en las cámaras de gas;
pienso en ustedes y en su largo y doloroso camino
desde las colinas de Judea
hasta los campos de concentración del III Reich.
Pienso en ustedes
y no acierto a comprender
cómo olvidaron tan pronto
el vaho del infierno.
A veces parecen olvidar, quienes hacen estas normas, que los europeos y europeas fueron y son inmigrantes, y por mucho tiempo estuvieron “sin papeles”, huidos de las guerras y la pobreza, y fueron tratados en su mayoría dignamente, no como criminales. Y si pudieron recuperarse fue, entre otros factores, porque no sufrieron la inmigrafobia. Ojala aún puedan recordar
Gustavo Oré Aguilar – Abogado, especialista en Derechos Humanos y colaborador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
