(PD).- El Pacto Europeo de Inmigración presentado este lunes por Francia a sus socios comunitarios ha recibido el apoyo general de los Veintisiete durante el Consejo informal celebrado en Cannes, en el que los ministros del Interior han iniciado los debates para diseñar una política europea común que luche contra los flujos de ilegales y apueste por la integración de los regulares.
«No convertiremos a Europa en un búnker, sino que encauzaremos los movimientos migratorios en el mundo», destacó el ministro del Interior alemán, Wolfgang Schauble, en la Costa Azul.
España y Alemania, que han participado en la redacción del texto, han saludado el Pacto, igualmente arropado por los ministros de Grecia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, República Checa o Italia, que lo calificó de «óptimo». La presidencia francesa de la Unión Europea pretende aprobarlo formalmente en el Consejo Europeo del próximo octubre. El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que España se siente «cómoda» con la última redacción del Pacto.
El texto debatido este lunes pide a los Estados miembros limitarse a las regularizaciones «caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos», lo que deja la puerta abierta a regularizaciones por motivos económicos.
El ministro de Inmigración de Francia, Brice Hortefeux tuvo que aceptar diversas modificaciones a su texto. Su primer boceto hablaba de «presión migratoria sobre Europa», quería prohibir las regularizaciones masivas de inmigrantes, mencionaba como objetivo número uno el fortalecimiento de la protección de las fronteras e incluía una medida estrella: el ‘contrato de integración’.
El contrato ha quedado reducido a una invitación. El pacto invita a los países de la UE a poner en marcha «políticas ambiciosas para favorecer la integración armónica en sus países de acogida de los inmigrantes, con la perspectiva de que se instalen de manera duradera».
Las ‘políticas de integración’ deberán descansar en el equilibrio de los «derechos» de los inmigrantes, como el acceso a la educación, al trabajo, la seguridad y a los servicios públicos y sociales, y de sus «deberes», entre los que menciona el respeto a «las leyes del país de acogida».
Comporta también medidas específicas para favorecer «el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo, factores esenciales de la integración» y pondrán igualmente el acento en el respeto a las «identidades» de los Estados miembros de la UE, así como a sus «valores fundamentales», como los derechos humanos, la libertad de opinión, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y la obligación de escolarizar a sus hijos.
Rubalcaba presumió de la influencia española en el documento, al señalar que, si se compara el texto inicial francés con el final, hay cambios «en prácticamente todos los capítulos». «España ha tratado de situar en el acuerdo su visión de la inmigración», relató el ministro
Expulsiones
El Pacto refleja la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, básicamente garantizando el regreso de los irregulares a sus países de origen o tránsito y pide cooperación entre los Estados miembros para que los extranjeros en situación irregular abandonen el territorio.
Todo ello se argumenta porque la Unión Europea no tiene los medios para acoger dignamente a todos los inmigrantes y advierte de que una inmigración mal gestionada puede afectar a la cohesión social del país de destino. En este sentido, reclama tener en cuenta las capacidades de acogida del mercado de trabajo, los servicios sanitarios, escolares y sociales.
Recuerda que el comportamiento de un Estado «puede afectar a los intereses de los otros» y que, por tanto, es «imperativo» que cada Estado miembro tenga en cuenta los intereses de sus socios en la definición y aplicación de sus políticas de inmigración, integración y asilo.
Quiere que los países tengan dispositivos nacionales para el regreso voluntario de los irregulares, y en el ámbito del refuerzo de las fronteras exteriores, que como muy tarde se generalice el uso de visados biométricos el 1 de enero de 2012 y se refuercen los medios de Frontex, la Agencia europea de fronteras exteriores. Y se inclina por poner en marcha un registro electrónico de entradas y salidas igualmente a partir de 2012.
