(PD).- Sólo 24 horas después abrir la primera causa contra el franquismo y con la amenaza de que la fiscalía recurra y eche al traste el procedimiento, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha maniobrado para evitar que el ministerio público presente su recurso ante el pleno de la Sala Penal.
Garzón ha transformado unas diligencias previas en un «sumario ordinario» -como obliga la ley cuando hay muchos asesinatos- para que la fiscalía tenga que recurrir ante él, lo que le permitirá conocer sus argumentos.
De esta forma Garzón dilata el procedimiento para que la fiscalía no pueda recurrir en apelación directa, sino que tenga que presentar el denominado recurso de reforma. La fiscalía ya pidió en su día el archivo de la causa por entender que los delito estaban prescritos. Con este giro en el caso, Garzón gana tiempo hasta que le lleguen los papeles que certifiquen que los encausados, el general Franco y 34 jefes militares del régimen, están muertos.
Ahora, el fiscal jefe Javier Zaragoza tiene tres días para recurrir el nuevo auto en el que el juez acuerda la transformación en sumario y, una vez resuelta esta cuestión, podrá impugnar la decisión de investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.
La decisión de ayer de Garzón ha llevado hoy al presidente fundador del PP, Manuel Fraga, ha tildarla de «disparate» y «error gravísimo». Fraga, que fue ministro de Información y Turismo durante siete años en la dictadura, considera «discutible» que Garzón sea competente para juzgar la causa porque «ya hubo leyes de amnistía» (en referencia a la ley de 1977 que facilitó la transición a la democracia).
Fraga: «Ya hubo leyes de amnistía»
Fraga, senador y ex presidente de la Xunta de Galicia, hizo estas declaraciones a los periodistas minutos antes de asistir a la conferencia que ha pronunciado en Madrid el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. «Es un disparate que un señor se autodefina competente en un asunto que es muy discutible que tenga competencia nadie puesto que ya hubo leyes de amnistía», ha subrayado.
Garzón estima que se trata de un delito de detención ilegal, que encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad. Además, apuntó que «políticamente» es un «error gravísimo» lo que a su juicio supone resucitar la Guerra Civil, que fue «una tragedia para ambas partes».
El magistrado autorizó también ayer jueves la apertura de 19 fosas en toda España en las que estima que se encuentran restos de desaparecidos durante la contienda y la dictadura franquista (1936-1975), entre ellas la del poeta Federico García Lorca.
También desde las filas del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha considerado «esperpéntico» que Garzón haya pedido el certificado de defunción de Franco. El juez ha reclamado una treintena de certificados de defunción, entre ellos los de los generales Emilio Mola y Gonzalo Queipo de Llano, pero se trata de un mero trámite judicial ya que, según cita el auto «es cierto y notorio que la participación en los hechos de aquellos que están fallecidos quedará extinguida una vez se haya constatado su muerte».
«Es como pedir el certificado de defunción de Napoleón»
Aguirre ha insistido en que la Guerra Civil «fue un fracaso colectivo» y ha descrito la situación «como si [Garzón] pide el certificado de defunción de Napoleón» debido a los sucesos del 2 de mayo de 1808, en los que, según ha explicado la presidenta regional, se dio orden de fusilar a todos los españoles sospechosos de participar en la revuelta.
«El PP no estaba en la Guerra Civil», ha declarado la presidenta, en referencia a que «algunos pretendan limpiar su expediente llamándoles «franquistas».
También desde el PP, el partido que más voces ha alzado para opinar sobre el auto y más en concreto para criticarlo, su portavoz en el Congreso, Soraya Saenz de Santamaría, ha opinado que el auto responde a «otra cosa» que no es la administración de Justicia. En declaraciones a Telemadrid, Saenz de Santamaría ha explicado que la decisión de la propia Fiscalía del Estado de recurrir el auto «casi inmediatamente» es el dato «más relevante» para enjuiciar el auto.
«Creo que es un auto sorprendente y no precisamente para bien», ha continuado la portavoz del PP quien, tras expresar su respeto a las decisiones judiciales ha dicho que -como abogado del Estado y «perteneciente al mundo del derecho»- ve «muchos defectos procesales» en el auto.
En ese sentido, ha dicho que el recurso de la fiscalía pondrá de manifiesto que los principios de legalidad y seguridad jurídica «no están muy claros» y ha argumentado que el juez «aplica retroactivamente» figuras jurídicas «actuales» porque, cuando se enjuició la causa «ese tipo de delitos no existían».
El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, ha señalado que la Ley de la Memoria Histórica, de la que él fue ponente, «nunca pretendió una causa general contra el franquismo, ni una investigación penal» como la que ha abierto Garzón.
En declaraciones a Telecinco, el diputado socialista ha manifestado su «impresión» de que «el camino jurídico de esta resolución es dudoso» al considerar que se entra en un conflicto entre la aplicación de la amnistía y la posible naturaleza de crímenes contra la humanidad de estos delitos.
Por último, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha expresado su satisfacción por el auto y ha considerado que esos delitos encajan en el contexto genérico de crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, no han prescrito.
