(PD).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer en libertad a todos los presuntos islamistas que ordenó detener la semana pasada en Cádiz, Madrid y el área metropolitana de Barcelona. Estaban acusados de facilitar la huida de cinco implicados en los atentados del 11-M.
El juez ha impuesto, a petición de la fiscal Dolores Delgado, comparecencias semanales a tres ellos, un padre y sus dos hijos: My Driss ben Moussa, Youssef ben Moussa y Bilal bin Moussa.
Otros dos -Mohamed ben Hesaien y Abdelaziz Laakel- comparecerán ante el Juzgado de forma quincenal.
Además, el magistrado ha prohibido a los cinco abandonar el territorio español, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En cuanto al resto de los detenidos que no estaban encarcelados por otras causas (My Mhamed Idriss Hachim, Fouad Dkikar, Mustafá Filali y Mohamed ben Hesaien), han quedado en libertad sin la imposición de medidas cautelares.
El juez no ha fijado tampoco medidas para los cuatro arrestados en esta investigación que cumplían prisión por otras causas -Samir Tahtah, Kamal Ahbar, Omar Nakhcha y Driss Belhadi-, que permanecerán, eso sí, encarcelados, en cumplimiento de sus condenas anteriores.
Los presuntos islamistas fueron detenidos en ocho domicilios de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y Cerdañola del Vallès (Barcelona), Madrid y Algeciras (Cádiz) y en las cárceles del Puerto de Santa María (Cádiz), Teixeiro (La Coruña), Zuera (Zaragoza) y Dueñas (Palencia).
Según informó el Ministerio del Interior, los ocho primeros detenidos, de nacionalidad marroquí, fueron arrestados por la realización de labores de apoyo en la ocultación y posterior huida de otros tantos terroristas de Al Qaeda; entre ellos, algunos implicados en los atentados de Madrid.
En concreto, se les acusó de acoger, ocultar y facilitar la huida a Mohamed Larbi ben Sellam, Daoud Ouhnane, Mohamed Afalah, Othman El Mouhib y Abdelilah Hriz.
Las investigaciones desarrolladas son continuación de las llevadas a cabo en el año 2005, bajo el nombre de operación Tigris, en la que se desarticuló una estructura terrorista que se encargaba del adoctrinamiento, reclutamiento, financiación y envío de terroristas a Irak, con la misión de cometer acciones suicidas contra las tropas extranjeras y otros objetivos fijados por la organización Al Qaeda.
La operación policial, denominada Amat, fue llevada a cabo por agentes de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con las brigadas de Información de Barcelona, Madrid y Algeciras, y bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige Baltasar Garzón.
Los agentes se incautaron, entre otro material, de resguardos de envío de dinero a Marruecos, alrededor de 7.000 euros en metálico, un ordenador portátil y otros dos de sobremesa y varios teléfonos móviles.
