(PD).- La empresa aragonesa Instalaza, que ha fabricado en los últimos años en España productos catalogados como bombas de racimo, mantiene en oferta en su página web la munición de mortero MAT-120, prohibida por el Gobierno en aplicación del tratado internacional firmado en Oslo esta semana por un centenar de países.
Instalaza S.A. es una de las dos empresas españolas, junto a Explosiones Alavesas (Expal), que se ha dedicado a la producción de armamento clasificado como munición de racimo para su venta dentro y fuera de España.
A pesar de la prohibición de usar, fabricar, comercializar o almacenar estas cargas explosivas que establece el convenio de Oslo, Instalaza sigue incluyendo en su gama de productos la granada de mortero MAT-120, descrita en la página web como ‘una munición de mortero con 21 submuniciones de efecto contra carro y de fragmentación, cuyas espoletas electrónicas están dotadas de dispositivos de autodestrucción y auto-neutralización, eliminando el riesgo de municiones activas abandonadas sobre el terreno’.
La descripción de esta munición está en castellano y en inglés dentro de un catálogo de productos que incluye granadas de mano Alhambra, sistemas contracarro C90-CR y Alcotan-100, así como distintos dispositivos de visión nocturna.
El Ministerio de Defensa ha venido renovando cada dos años la validez de la homologación de la granada mortero MAT-120 de Instalaza. La última vez que lo hizo fue en marzo de 2007 ‘habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación de la citada granada de mortero’.
El convenio de Oslo
La resolución fue rubricada por el actual Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEMAD) y entonces director general de Armamento y Material, José Julio Rodríguez. Instalaza es una compañía fundada en 1943 que tiene su sede social en Madrid y sus centros de producción, en Zaragoza.
España es uno de los países que se ha adherido al convenio de Oslo de prohibición de bombas de racimo, cuyo texto quedó aprobado en la conferencia celebrada en Dublín a finales del pasado mes de mayo.
El Gobierno aprobó el pasado 11 de junio una moratoria unilateral para poner en práctica lo pactado en Dublín y ser uno de los primeros países en dar ejemplo en la erradicación de este armamento por los graves daños que causa en la población civil.
Destrucción de las bombas racimo
El compromiso de la ministra de Defensa, Carme Chacón, es que la destrucción de las alrededor de 6.000 bombas de racimo y granadas existentes en los arsenales militares se complete antes de junio de 2009, con un coste de unos 4 millones de euros.
Esta tarea se ha encomendado a la empresa Fabricaciones Extremeñas (FAEX), cuyas instalaciones están en El Gordo (Cáceres) y de la que forma parte Expal. Los colectivos pacifistas han denunciado que Expal ha comercializado bombas de racimo hasta hace poco tiempo, aunque según su director comercial, Lucas Ferreira, lo dejó de hacer en 1998.
Ferreira ha recordado que éste no era un producto abierto a todos los clientes, sino que se producía para pedidos del Ministerio de Defensa: ‘A nosotros no nos va a afectar el convenio (de Oslo)’, ha añadido el representante de Expal, quien ha lamentado el ‘desconocimiento’ que ha habido sobre la actividad de su empresa y la inexactitud de las denuncias de las ONG.
Chacón aseguró el pasado 17 de julio en una comparecencia en el Congreso para informar sobre la eliminación de las bombas de racimo que había ‘dos fabricantes nacionales’ afectados por el proceso -entre los que citó a Instalaza- a los que se pretendía dotar de una carga alternativa de trabajo para no perjudicar su producción.
