(Jeff Jacoby).- Por si la recesión no hubiera sido lo bastante severa con aquellos cercanos a la base de la pirámide alimentaria económica, llegan malas noticias frescas. A partir del 24 de julio, el gobierno federal va a empezar a poner las cosas más difíciles a los empresarios que contratan obreros estadounidenses de baja o ninguna cualificación. Gracias a la ley poco atinada introducida en vigor con el apoyo bipartidista en el 2007, el precio de proporcionar un empleo de acceso al mercado laboral a aquellos particulares con pocas habilidades o escasa experiencia va a incrementarse más de un 10 por ciento. A aquellos que no puedan encontrar un puesto de trabajo que remunere la hora a 7,25 dólares no se les va a permitir trabajar.
Bienvenido al capítulo más reciente de la fiebre del salario mínimo de América.
Esta va a ser la tercera vez en los últimos años que Washington ha obligado a subir el precio de contratar trabajadores de baja cualificación. El pasado mes de julio el salario mínimo por hora se incrementaba de los 5,85 dólares a los 6,55; el julio anterior, de los 5,15 dólares a los 5,85 dólares. Para finales de este mes, en otras palabras, el peldaño más bajo de la escalera del empleo estará casi un 41 por ciento por encima de donde estaba hace sólo dos años. No hace falta decir que eso alejará el empleo del alcance de muchos peones, dejándoles sin opción para trabajar.
Aquellos que presionan en favor de salarios mínimos más altos afirman con frecuencia que encarecer los empleos de acceso al mercado laboral no reduce la cifra de puestos de trabajo de acceso vacantes. Si el gobierno obligara a subir un 41 por ciento el precio de las gasolinas o las entradas del cine o el acero, todo observador racional esperaría un acusado descenso en la demanda de gasolinas, entradas o acero. Pero al hablar del salario mínimo, políticos y periodistas de alguna forma se convencen de que encarecer a los trabajadores no reduce la demanda de trabajadores. El Senador Edward Kennedy, por ejemplo, afirma alegremente: «La historia demuestra claramente que elevar el salario mínimo no ha tenido ningún impacto negativo sobre el empleo.» La activista Holly Sklar, haciendo campaña por una subida salarial mínima de 10 dólares, insiste de igual forma (PDF) en que «elevar el salario mínimo no incrementa el paro en los momentos de vacas gordas ni en los de flacas.»
Pero eso es exactamente lo que hace. Los mínimos artificiales — el precio mínimo obligatorio a pagar por un producto fijado por encima de lo que dicta el mercado — generan excedentes. Las leyes de salario mínimo no son ninguna excepción. El mínimo impuesto por el gobierno a la oferta de mano de obra de baja cualificación redunda en un excedente de mano de obra, que es simplemente otra forma de decir un desempleo más elevado. ¿Cuánto más elevado? Los economistas Joseph Sabia, de la American University, y Richard Burkhauser, de Cornell, estiman que los incrementos del salario mínimo de los dos últimos años van a llevarse por delante más de 390.000 empleos (PDF). Según David Neumark, un experto en economía laboral de la Universidad de California en Irvine, el ascenso en el salario mínimo programado para este mes «conducirá a la pérdida de 300.000 puestos de trabajo más entre adolescentes y adultos jóvenes.»
Ya es bastante malo que Congreso y Presidente expulsen deliberadamente a tantos trabajadores del mercado encareciendo su contratación. Peor es que afirmen estar ayudando a los pobres haciéndolo. Siendo candidato presidencial, Barack Obama se mostraba partidario de un salario mínimo de 9,50 dólares la hora porque, explicaba su página web, «cree que las personas que trabajan a jornada completa no deberían vivir en condiciones de pobreza.» Pero si ayudar a los pobres es el objetivo, dificultar que accedan a su crucial primer empleo — el que puede no estar muy bien pagado al principio, pero da a los nuevos trabajadores su primera oportunidad en el mercado laboral — no es la forma de lograrlo.
Los políticos no pueden solucionar la pobreza subiendo el precio del primer empleo mucho más de lo que pueden solucionar agitando una varita mágica. Después de todo, si ayudar al necesitado fuera igual de fácil que fijar un salario mínimo interprofesional, ¿por qué no fijarlo en 20 dólares a la hora — o mejor aún, 120 dólares a la hora — y ayudarles a salir de su situación de verdad?
Las leyes de la oferta y la demanda no son opcionales. No fueron decretadas por el Congreso y el Congreso no puede derogarlas. Por supuesto un salario mínimo más alto puede beneficiar a algunos trabajadores de baja cualificación. Pero hay incontables más a los que va a perjudicar: Aquellos que pierdan sus empleos o no puedan ser contratados de entrada porque la valoración más elevada es más de lo que vale su trabajo. Aquellos cuyos jefes compensen la subida salarial recortando el horario de los trabajadores. Aquellos cuyos empleos son deslocalizados a un mercado con gastos de contratación más asequibles.
Las leyes de salario mínimo no hacen más productivos a los norteamericanos de baja cualificación o sin experiencia, ni incrementan su experiencia, ni los hacen más codiciados. Simplemente encarecen su contratación — y como consecuencia hacen más probable que acaben en el paro.
(Jeff Jacoby es columnista de The Boston Globe/ New York Times.)
