(DAVID IGNATIUS).- Cuando otros países contemplan a Estados Unidos flagelar a sus servicios de Inteligencia por actividades que ya fueron investigadas o bien nunca fueron puestas en práctica, quizá admiren el compromiso de América con la democracia y el estado de derecho. Lo más probable, me temo, es que concluyan que simplemente somos bobos de teta.
Los «escándalos» en implicar a la Agencia Central de Inteligencia más recientes son difíciles de entender, fuera de los términos del ajuste político de cuentas. El Fiscal General Eric Holder considera nombrar a un representante especial de la Fiscalía del Estado para que investigue las acciones delictivas cometidas por funcionarios de la CIA implicados en los duros interrogatorios de prisioneros de Al Qaeda. Pero el informe interno de la CIA en el que dice basar esta decisión fue remitido hace cinco años al Departamento de Justicia, donde los representantes del estado concluyeron que no podía prosperar ninguna imputación.
Mientras tanto, los demócratas del Congreso andan indignados diciendo que nunca fueron informados de un programa destinado a asesinar a agentes de Al Qaeda en países con buenas relaciones. No importa que el programa nunca fuera implementado, ni que Estados Unidos asesine de manera rutinaria a agentes de Al Qaeda utilizando vehículos no tripulados. Y tampoco nadie se detiene en el hecho de que Leon Panetta, el nuevo director de la CIA -temiéndose un revés potencial- informara al Congreso del programa poco después de tener conocimiento de él. Se produjo revuelo de todas formas, con una nueva hemorragia de secretos y nuevo desconcierto por parte de los socios de Inteligencia de América en todo el mundo.
La supervisión de estas actividades secretas es necesaria. Pero convertir a la CIA en un balón político, como han hecho en los últimos años tanto republicanos como demócratas, elimina la finalidad de la supervisión. Ése fue el caso de los republicanos cuando se cebaron con la agencia supuestamente por obstaculizar las políticas de la administración Bush, y es el caso ahora que los demócratas están removiendo el cielo y la tierra en busca de pruebas que demuestren que la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi tenía razón cuando acusó a la agencia de mentirle sobre sus actividades.
El Presidente Obama ha intentado poner fin a esta cultura de «sorpresas» -empezar a mirar al futuro, en lugar de al pasado, según sus palabras- desde su primer día al frente de la Administración. Lo decía claramente en su discurso de investidura: «En esta fecha, venimos a proclamar el final de los agravios enquistados y las falsas promesas, las recriminaciones y los dogmas desfasados que durante demasiado tiempo han estrangulado nuestra política.»
Obama lo volvía a decir cuando visitaba la CIA el 20 de abril. En contra del consejo de Panetta y los demás profesionales de la Inteligencia, había decidido desclasificar el texto de los memorandos legales del Departamento de Justicia acerca de los interrogatorios, que ilustraban en desagradable detalle que se había dado permiso legal para torturar a los presos de Al Qaeda. Pero ofrecía a los funcionarios de la agencia un gran acuerdo. Los datos de los interrogatorios serían dados a conocer, pero los funcionarios de la CIA que se fiaron del consejo del Departamento de Justicia no serían imputados.
Los veteranos de la CIA se mostraron escépticos con la promesa de Obama, en especial cuando el presidente dijo al día siguiente que sería Holder quien tomaría la decisión última. Pero los letrados que estudiaron el caso pensaron que Holder archivaría la imputación porque casi seguro no podría lograr condenas. Sería imposible demostrar «intencionalidad criminal» por parte de los interrogadores de la CIA que operaron dentro del marco director del Departamento de Justicia. Y en cuanto a las «prácticas no autorizadas» fuera de esas directrices, que fueron dadas a conocer en un informe del año 2004 redactado por el inspector general de la CIA -como las patadas, las amenazas y otros abusos físicos-, los letrados del Departamento de Justicia habían concluido ya que estas acciones no justificaban una imputación por la vía penal.
Se rumorea que Holder se vio afectado por lo que leyó de los interrogatorios. ¿Y quién no lo estaría? Fue un capítulo oscuro de la historia norteamericana que no debería ser repetido nunca, y Obama ha cambiado las normas con acierto. ¿Pero qué se logra con el nombramiento de un representante especial de la Fiscalía en un caso en el que la intencionalidad criminal va a ser tan difícil de demostrarse? Lo único seguro es que el proceso perjudicará las carreras y la moral de los agentes de la CIA.
«¿Entrará alguien en prisión? Lo más probable es que no. Pero se dejará un rastro de funcionarios acabados,» predice un veterano de la CIA. Mientras tanto, me temo, los empleados de la CIA se alejarán de terrenos como el contraterrorismo, en los que la fortuna política puede cambiar.
Obama entiende que el país necesita de una agencia de Inteligencia mejor y más fuerte. Quiere más información de la que recibe en sus reuniones diarias de Inteligencia, y ha discutido con Panetta el desafío de construir una CIA más fuerte, más ágil y más agresiva. Es un objetivo honrado, pero empieza por despolitizar a la agencia y poner fin a la cultura de escándalos permanentes.
Si Obama habla en serio cuando habla de mirar al futuro en lugar de al pasado, entonces debería mantenerse en sus trece, incluso si ello exige romper con el fiscal general y la presidenta de la Cámara.
© 2009, Washington Post Writers Group
