Hace un par de meses que apenas tenemos noticias de secuestros de buques en las aguas próximas a Somalia. No nos llevemos a engaño. El brusco descenso de la piratería -dos secuestros desde junio, frente a los 29 de los primeros cinco meses del año- se debe a que el fuerte oleaje causado por el monzón del suroeste pone en peligro las frágiles embarcaciones piratas.
Por eso mismo, las organizaciones internacionales ya han avisado de que habrá un repunte de los ataques en septiembre y de que hay que aumentar la vigilancia en la zona pero, sobre todo, hay que darse prisa para poner al día las leyes.
Ante el desafío que plantea la piratería del siglo XXI nadie parece tener claras las reglas que rigen el arresto o enjuiciamiento de los maleantes y la confusión reinante les está beneficiando.
Escribe Fernando Peinado Alcaraz en El País que en demasiadas ocasiones han acabado impunes. De 238 piratas arrestados hasta marzo en las aguas del golfo de Adén y el este de Somalia, menos de la mitad han sido procesados, según ha informado la Armada estadounidense.
La mayoría han sido soltados en las playas de Somalia una vez desarmados. Con razón, muchos analistas han puesto en duda la eficacia de los 34 destructores y fragatas que patrullan estas aguas internacionales. Como pasa con tantos otros problemas globales, cada país ofrece una solución propia, y sentarse a la mesa para cambiar una coma en un tratado es más difícil que enviar una flotilla militar.
Todo sería más sencillo si existiera un tribunal internacional y si los Estados estuvieran obligados a detener y procesar a los asaltantes de barcos, algo que aún hoy es facultativo. La conocida como Constitución de los océanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado aprobado en 1982 y ratificado por 157 Estados, permite a cada país reprimir la piratería marítima mediante el arresto y enjuiciamiento de los criminales.
Pero tomar estas medidas es una opción tan válida como no hacer nada. Por tanto los países son libres de regular sus leyes antipiratería a conveniencia.
En España la piratería marítima no está tipificada en el Código Penal.
