El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado un concurso destinado a que los españoles condenados a muerte en el extranjero, -en la actualidad Pablo Ibar en Estados Unidos y Nabil Manakli en Yemen- puedan pagarse una defensa de «calidad». Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ayuda total supondrá un importe máximo de 60.000 euros, ya sea a título individual o repartida entre varios solicitantes.
Pablo Ibar, inmerso en un proceso para declarar nulo el juicio que le condenó a la pena capital, es probable que reclame la ayuda que ofrece España ya que el caso de Manakli depende más de gestiones político-diplomáticas para librarse de ser ejecutado.
Ibar está acusado de haber matado a tres personas durante el robo de una vivienda mientra que Manakli, ciudadano sirio que obtuvo la nacionalidad española al casarse con una española, está acusado de organizar a un grupo terrorista que presuntamente pretendía atentar contra el Gobierno yemení. Su ejecución está aplazada en la actualidad sine die y el preso permanece a la espera de que se ponga en marcha el convenio suscrito en 2007 entre España y Yemen para el traslado de personas condenadas.
En cualquier caso, se trata de una medida novedosa, ya que hasta la fecha la normativa sólo permitía al Estado sufragar los gastos de la defensa jurídica de españoles ante un procedimiento penal en el extranjero cuando el nacional carecía de medios económicos suficientes y en aquellos países donde no existiera un sistema de defensa de oficio gratuito similar al que hay en España.
La «propia excepcionalidad» de la pena de muerte, no prevista en el ordenamiento jurídico español y cuya abolición universal es «uno de los objetivos expresos» de la política exterior del Gobierno, «justifica plenamente establecer una excepción al mencionado principio general», ha explicado el departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos.
Exteriores ha subrayado que los costes muy elevados que implica una defensa jurídica «de calidad» en un procedimiento de esta índole hace que «en pocos casos los acusados tengan recursos suficientes para costearla, lo que justifica igualmente la posibilidad de que el Estado coadyuve para sufragar la defensa jurídica».
