El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que acusó a cinco residentes chinos y dos empresarios malasios vinculados a un ataque informático a gran escala.
Los fiscales federales dijeron que cinco ciudadanos chinos habían sido acusados de piratear más de 100 empresas en los Estados Unidos y en el extranjero.
Entre los ataques están incluidas las empresas de desarrollo de software, fabricantes de computadoras, proveedores de telecomunicaciones, empresas de redes sociales, empresas de videojuegos, organizaciones sin fines de lucro, universidades, think tanks como así como gobiernos extranjeros y políticos y activistas prodemocracia en Hong Kong.
Los cinco acusados siguen prófugos, pero los dos empresarios malasios acusados de conspirar con los presuntos piratas informáticos para lucrarse con los ataques a empresas de videojuegos fueron arrestados en ese país esta semana y enfrentan un proceso de extradición.
Las acusaciones anunciadas son parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para denunciar los delitos cibernéticos de China.
En julio, los fiscales acusaron a los piratas informáticos de trabajar con el gobierno chino para apuntar a empresas que desarrollan vacunas contra el coronavirus y robar cientos de millones de dólares en propiedad intelectual y secretos comerciales de empresas de todo el mundo.
El mes pasado, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien, dijera que piratas informáticos vinculados al gobierno chino han estado apuntando a la infraestructura electoral de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
China negó sistemáticamente las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que piratea empresas, políticos o agencias gubernamentales estadounidenses.
Los funcionarios estadounidenses dijeron que el esquema de piratería fue de amplio alcance y estuvo dirigido a varios sectores comerciales y académicos y fue llevado a cabo por un grupo conocido como APT41. Dicen que se parecía a otros esquemas de piratería de China que se llevan a cabo a instancias del gobierno, o al menos con su aprobación.
