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Durov, conocido como el «Mark Zuckerberg ruso», fue detenido el pasado fin de semana en el aeropuerto Le Bourget, en París, tras aterrizar en su avión privado. Posteriormente, se le concedió la libertad bajo fianza con la condición de abonar cinco millones de euros (US$5,56 millones). También se le impuso la obligación de presentarse ante la Policía dos veces por semana y se le prohibió salir de Francia.
El multimillonario de 39 años está siendo investigado por presuntos delitos que incluyen complicidad en la administración de una plataforma en línea utilizada para transacciones ilícitas por una banda organizada, negativa a cooperar con las autoridades, y complicidad en la distribución criminal de imágenes sexuales de menores.
La apertura de una investigación formal no implica que Durov sea culpable, pero sí que la Justicia francesa considera que existen suficientes elementos para proseguir con la investigación. Este proceso podría prolongarse durante años antes de llegar a juicio o ser archivado.
La detención de Durov ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal de los proveedores de aplicaciones de mensajería en el contexto de la creciente preocupación por los límites de la libertad de expresión y la aplicación de la ley. La situación también ha puesto de relieve la compleja relación entre los gobiernos y Telegram, una plataforma que cuenta con cerca de mil millones de usuarios en todo el mundo.
En respuesta a las acusaciones, Telegram emitió un comunicado en el que defiende que cumple con las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales, y que la moderación de sus contenidos está dentro de los estándares de la industria. La compañía calificó de «absurdo» que una plataforma o su propietario sean considerados responsables por los abusos cometidos por los usuarios.
El abogado de Durov, Dmitry Agranovsky, criticó las acusaciones, comparándolas con culpar a un fabricante de automóviles por un accidente o por el uso de sus vehículos en actividades delictivas. Agranovsky calificó la detención de «absolutamente ridícula» y la consideró un ataque a la libertad de expresión.
Este caso plantea interrogantes sobre el alcance de la responsabilidad de los líderes tecnológicos en la regulación y control del contenido generado por los usuarios en sus plataformas, una cuestión que seguramente continuará siendo objeto de debate en los próximos meses.
