El tribunal de París dictó el lunes una sentencia que no tiene precedentes en la historia empresarial europea.
Lafarge, el gigante francés del cemento, fue declarado culpable de financiación del terrorismo. Entre 2013 y 2014, la empresa transfirió aproximadamente 5,6 millones de euros a grupos yihadistas, incluido el Estado Islámico, para mantener operativa su planta de cemento en Jalabiya, al norte de Siria.
La decisión fue inmediata y sin contemplaciones. Bruno Lafont, CEO de Lafarge durante aquellos años y miembro del CAC 40, fue condenado a seis años de prisión y detenido en la misma sala del tribunal en el momento del veredicto. Christian Herrault, exdirector general adjunto, recibió cinco años. La empresa fue multada con 1.125 millones de euros, la sanción máxima posible.
Cómo funciona un negocio con el terrorismo
La lógica de Lafarge era brutal en su simplicidad. Cuando la guerra civil siria estalló en 2011, la mayoría de las multinacionales evacuaron al personal y cerraron sus instalaciones. Lafarge decidió quedarse. Tenía en Jalabiya una planta con una producción anual de 2,6 millones de toneladas y no estaba dispuesta a perderla.
Para mantenerla en marcha firmó contratos con proveedores vinculados al EI. Pagó materias primas. Pagó un «impuesto revolucionario» mensual. A cambio, los yihadistas garantizaban salvoconductos para los empleados y las mercancías en las zonas que controlaban.
Era, en esencia, un acuerdo comercial con una organización terrorista. La defensa lo llamó «pagos por seguridad» necesarios para operar en una zona de guerra. El tribunal lo llamó financiación del terrorismo y rechazó la distinción.
La presidenta del tribunal, Isabelle Prévost-Desprez, fue explícita: «Esta forma de financiación de las organizaciones terroristas, y principalmente del Estado Islámico, ha sido fundamental para que la organización terrorista se hiciera con el control de los recursos naturales de Siria». Y añadió que los fondos aportados facilitaron la preparación de atentados, incluidos los ocurridos en Francia en enero de 2015.
El escándalo que tardó años en llegar a juicio
El caso salió a la luz en 2016 gracias a una investigación periodística que reveló los pagos a Al Qaeda y al EI desde 2012. Francia dividió el proceso legal en dos partes: la financiación del terrorismo y la violación de embargos, resuelta ahora, y la complicidad en crímenes contra la humanidad, que sigue en instrucción y sobre la que aún puede haber sentencia.
En Estados Unidos, Lafarge, ya integrada en el grupo suizo Holcim desde 2015, había pagado 778 millones de dólares en 2022 por motivos similares. La acción judicial francesa se inició tras una denuncia del Ministerio de Finanzas y contó con el respaldo de ONG y exempleados que llevaban años exigiendo responsabilidades.
De los ocho acusados en el banquillo, dos eran intermediarios sirios. Uno de ellos permanece prófugo.
El precedente que cambia las reglas
La sentencia establece algo que hasta ahora no estaba jurídicamente fijado con esta contundencia: una empresa no puede negociar con terroristas bajo el paraguas de la «seguridad operativa» y esperar que eso no tenga consecuencias penales. El argumento de que los pagos eran necesarios para proteger a los empleados no exime de responsabilidad cuando esos pagos financian directamente a una organización que comete atrocidades.
Holcim, actual propietaria de Lafarge, podría enfrentarse a demandas adicionales. Otras empresas que operaron en zonas de conflicto en Siria e Irak están revisando sus registros con una urgencia que no tenían antes del lunes.
El mensaje del tribunal de París es sencillo y difícil de rebatir.
Quedarse en una zona de guerra negociando con quien la controla tiene un precio. Y ese precio lo pagan ahora, además de con dinero, con años de cárcel.
