Mohamed VI deja claro quién manda.
La imagen de miles de personas cruzando masivamente a Ceuta el 30 de julio y, unas horas más tarde, regresando en grupo a Marruecos, ya había dejado una inquietante sensación en Madrid: Rabat abre y cierra la válvula migratoria casi a su antojo.
El 15 de agosto, dos semanas después, el Rey Alauita ha vuelto a hacer una demostración de esa capacidad, esta vez para frenar en seco un nuevo intento de salto masivo.
La pregunta que empieza a formularse sin demasiados tapujos en los sindicatos policiales españoles ya no es si Marruecos puede controlar la frontera, sino por qué España sigue dejando su seguridad en manos de esa voluntad ajena.
El 15 de agosto, la prueba del algodón
Cuando las redes sociales llevaban días anunciando un nuevo «salto» coordinado para el fin de semana del 15 de agosto, Marruecos respondió con un despliegue que no dejaba lugar a dudas sobre su capacidad real de contención. La gendarmería marroquí, apoyada por miles de agentes de las Fuerzas Auxiliares, frustró el intento de cientos de migrantes subsaharianos de alcanzar Ceuta en los alrededores de Fnideq (Castillejos) y detuvo a 294 personas en la zona. Marruecos desplegó además una nueva barrera metálica de cuatro metros de altura cerca de la frontera y activó seis embarcaciones semirrígidas de la Marina Real para vigilar la costa. Al menos 61 personas fueron detenidas dentro de Marruecos, acusadas de «incitar y promover» la migración irregular a través de redes sociales.
El contraste con lo ocurrido el 30 de julio no puede ser más elocuente: entonces, entre 70.000 y 80.000 personas cruzaron en apenas 48 horas sin que Marruecos moviera un dedo hasta que decidió hacerlo; ahora, con margen de maniobra y sin la sorpresa como excusa, bastaron gendarmes, una valla nueva y unas cuantas patrulleras para evitar que se repitiera la escena. El mensaje, de nuevo, es que no se trata de falta de capacidad, sino de voluntad.
Las concertinas que Marlaska retiró, las pone ahora Marruecos
Hay un detalle que resume mejor que ningún argumentario la ironía de la situación: Marruecos ha instalado concertinas —esas cuchillas en espiral que España retiró de su lado de la valla de Ceuta y Melilla durante el ministerio de Fernando Grande-Marlaska, en una decisión entonces defendida como un gesto de humanidad y muy criticada por los sindicatos policiales— a lo largo de la carretera que conecta Fnideq con el paso fronterizo, además de en las playas de Castillejos, de donde partieron por mar cientos de personas hace dos semanas. El país que España señala como origen del problema migratorio se protege ahora con el mismo material que Madrid decidió que ya no quería usar para protegerse a sí misma.
Censura de por medio: Marruecos expulsa a la prensa española
El control no se limita al terreno físico. El Ministerio del Interior marroquí ha expulsado de Fnideq a periodistas españoles que cubrían el posible nuevo intento de cruce, entre ellos equipos de RTVE y de la agencia EFE, que respondieron con comunicados institucionales —algo inusual en medios públicos— denunciando la falta de libertad de prensa en el país vecino. Según ha documentado Vozpópuli en su análisis sobre cómo Marruecos ha evitado una nueva oleada hacia Ceuta mientras censura a la prensa española, ese movimiento dual —gestión de la frontera y control de la narrativa— es clave para entender cómo se reconfigura la relación con La Moncloa tras la crisis migratoria: Rabat no solo decide quién cruza, sino también quién puede contarlo.
De la avalancha al repliegue: cifras que revelan poder
Las cifras de la crisis del 30 de julio ya apuntaban en esa misma dirección. Distintos informes oficiales y periodísticos coinciden en que entre 49.000 y más de 70.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta en apenas 24 a 48 horas; que al menos 67 personas murieron intentando cruzar, con estimaciones que sitúan el número real de fallecidos por encima del centenar; y que entre 37.500 y 48.000 migrantes regresaron a Marruecos en cuestión de horas, en algunos momentos a un ritmo de 150 personas por minuto.
Ese retorno masivo, por el mismo espigón del Tarajal y la misma costa por la que habían entrado, no tiene explicación sin una decisión política de Rabat. Un Estado que supuestamente había «perdido el control» de su frontera se mostró capaz de reconducir a decenas de miles de personas de vuelta, mientras desplegaba antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua para disuadir nuevas entradas. España, mientras tanto, movilizó al Ejército, reforzó la Guardia Civil y la Policía Nacional, vio colapsar el CETI de Ceuta y cerró temporalmente el paso de Beni Enzar en Melilla. Madrid reaccionó, pero en un escenario ya decidido desde el otro lado de la verja.
Sindicatos policiales: «la seguridad no puede depender de lo que decida Marruecos»
Pese al refuerzo cifrado por Marlaska en cerca de 500 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil —unos 200 guardias civiles y 270 policías—, los propios agentes desplegados en el Tarajal reconocen que «no hay nada que hacer si te vuelven a hacer un salto de 80 a 100 mil personas». Desde el sindicato de la Guardia Civil JUCIL admiten que una entrada masiva por mar es, en las condiciones actuales, «inabarcable» con independencia del número de efectivos desplegados, mientras no se amplíe el espigón: sin eso, todo el esfuerzo español queda en nada si Marruecos no evita que la gente se lance al agua.
El secretario general en Ceuta del sindicato CEP, Eduardo García, denuncia que las directrices de la Jefatura Superior de Policía van en sentido contrario a reforzar la frontera: «quitar efectivos de la frontera para mandarlos a radiopatrullas o a hacer custodias hospitalarias», algo que el sindicato considera un «grave error». Desde JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, denuncian además el abandono material de los agentes desplazados como refuerzo, que han dormido en barracones del Ejército porque Interior «no les ha proporcionado absolutamente ningún modo de alojamiento, ni comida, ni agua»: quien primero les llevó agua en la playa del Trampolín fue un brigada del Ejército, no el Ministerio del Interior.
La frase que mejor resume el malestar policial es esta, recogida por El Debate: «Marruecos, si no quiere que crucen, no cruzan. El otro día han cruzado porque Marruecos ha querido que así fuera. Transmite bastante desconfianza que dejes la seguridad de España en manos de Marruecos, que no sabes qué van a hacer». Los sindicatos reconocen abiertamente que «no pueden garantizar la seguridad en toda la ciudad», y dan por hecho que si Marruecos decidiera permitir un nuevo asalto masivo, el resultado sería «idéntico o peor» que el del 30 de julio. No es una crítica ideológica: es un diagnóstico operativo de quienes están sobre el terreno.
Sánchez, entre la dependencia y el desgaste
La lectura política en Madrid es cada vez más incómoda: la seguridad de Ceuta y Melilla depende, en la práctica, de la buena disposición marroquí. Desde la madrugada del 30 de julio, el Gobierno actuó en tres frentes: despliegue inmediato de tropas y policía junto con un llamado a la calma; negociación acelerada con Rabat para agilizar retornos, condicionada además por la reciente sentencia del Supremo sobre los rechazos en frontera a quienes cruzan a nado; y gestión del impacto político interno, con presión del PP, Vox y los gobiernos autonómicos, alertas de las fuerzas de seguridad y un presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha hablado abiertamente de «colapso».
No hay pruebas públicas de que Rabat «consintiera» deliberadamente la avalancha como forma de presión sobre España, pero el patrón recuerda a la crisis de 2021, cuando la entrada masiva coincidió con la hospitalización del líder del Frente Polisario en suelo español. Los especialistas en migración y política exterior señalan tres líneas de continuidad: la frontera como herramienta de presión diplomática, la coincidencia temporal de los episodios migratorios con los debates sobre el Sáhara Occidental, y la desproporción entre los flujos habituales —en torno a 1.500 migrantes en diez días— y el brusco repunte del 30 de julio, que apunta a un cambio deliberado de postura por parte de Marruecos.
¿Y ahora qué?
Los próximos meses estarán marcados por tres vectores: el reajuste de la cooperación migratoria, con España y Marruecos hablando de «reforzar la coordinación» y el debate abierto sobre los límites legales a las devoluciones en el mar tras la sentencia del Supremo; el desgaste político interno de Sánchez, con más presión para garantizar la seguridad de Ceuta y Melilla y el uso de la crisis como símbolo de pérdida de control; y un ajuste diplomático más amplio con Rabat sobre Sáhara, pesca, comercio y seguridad, en el que la gestión de la frontera puede convertirse en moneda de cambio.
Lo ocurrido el 15 de agosto sugiere que, mientras la coordinación se mantenga, los flujos pueden estabilizarse en niveles altos pero controlables. Pero la lección de fondo —la que más incomoda en Madrid— es que esa estabilidad depende por completo de una decisión que se toma en Rabat, no en Moncloa. La frontera de Ceuta ha vuelto a demostrar que es algo más que un vallado y un espigón: es el termómetro de una relación en la que, en cuestión de horas, quien de verdad decide qué pasa es Marruecos.
