La Canarias se acercaría a una distancia prudente y ofrecería su auxilio a los desafortunados piratas, que se encontrarían sin posibilidad de llegar a puerto ni recibir refuerzos
Todo lo podían haber hecho mal en el secuestro del Alakrana, lo han hecho mal. El Gobierno Zapatero no ha tenido nunca un plan claro de actuación. Tampoco ha calibrado adecuadamente la amenaza. Descartó sin remilgos la opción militar y desde el inicio hizo llegar a los piratas el mensaje de que iba a pagar lo que le pidieran.
La más reciente, aunque no la última chapuza, ha sido protagonizada por el fiscal, quien el fiscal. El representante de la Fiscalía, siguiendo órdenes de su superior jerárquico y en consecuencia del Gobierno, se la envaina y retira la acusación de asociación ilícita contra el pirata Abdu Willy y su compinche.
El delito de asociación ilícita está castigado con penas que van desde los seis hasta los doce años de cárcel, lo que hacía matiralmente imposible la pirueta jurídica planeada por Zapatero, la vicepresidenta De la Vega y el resto del minigabinete de crisis: juzgar a toda prisa a los dos piratas por delitos menores, condenarles a 36 penas menores de dos años y expulsarlos de España, como si fueran inmigrantes sin papeles.
EL ABOGADO DEFENSOR COMIENZA A GANAR LA PARTIDA
Tal como se están desarrollando las cosas, da la impresión de Javier Díaz Aparicio, abogado defensor de Andul Willy comienza a ganar la partida.
El letrado ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional un escrito de ampliación de prueba en el que solicita que se aclare qué enseña llevaba el barco secuestrado tras haber «trascendido que el pabellón enarbolado por el ‘Alakrana’ era distinto al español» por enarbolar «una bandera de País Vasco».
También reclamó que se concrete «en qué tipo de aguas» se produjo la detención de los dos presuntos corsarios, a fin de esclarecer si la operación se produjo en territorio internacional o de Somalia.
Y puso en entredicho la acusación de asociación ilicita, recurriendo la providencia dictada por el juez Pedraz.
LA FISCALÍA METE PRISA
La fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Santiago Pedraz que concluya cuanto antes las investigaciones para poder juzgar a los dos piratas detenidos en España por el secuestro del atunero Alakrana.
El escrito, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, pide a Pedraz que en primer lugar transforme las diligencias en sumario porque las penas de cárcel que va a solicitar superan los nueve años.
La fiscalía estudia pedir seis años por cada uno de los 36 delitos de detención ilegal y cuatro más por el delito de robo y uso de armas. En total 220 años para cada uno de los dos somalíes.
Además, el fiscal conmina al juez a que dicte cuando antes auto de procesamiento porque cree que la instrucción ya está prácticamente finalizada y que lo dos piratas fueron partícipes y coautores del secuestro del pesquero español.
La fiscalía considera que las pruebas son muy evidentes, ya que el análisis de los teléfonos móviles intervenidos a los dos piratas han demostrado las conversaciones de éstos con los otros secuestradores en el mar e incluso con llamadas a tierra, a Somalia.
LOS ERRORES MILITARES
En cualquier caso, nada arreglará los entuertos perpetrados desde el inicio. En lugar de bloquear el Alakrana en alta mar, permitió que se acercara hasta la costa de Somalia y una vez allí, paralizado por el miedo, dio orden a los militares españoles de que se limitaran a mirar.
Eso permitió a los secuestradores bajar tres rehenes a tierra y subir a bordo refuerzos, kilos de quat para drogarse y reforzar cada día su posición.
La ministra Carmen Chacón aseguró que sabían perfectamente dónde estaban y cómo los tres marineros llevados a Somalia.
Poco después y tras hacer un pago millonario en Mogadiscio a un jerifalte somalí que les prometió «arreglar las cosas» y carece de poder para hacerlo, el ministro Moratinos anunció que los rehenes estaban de nuevo en el barco. Al fía de hoy no se sabe dónde están y las posibilidades de realizar un rescate, con los secuestrados separados en dos grupos, se han reducido a la nada.
Ni siquiera sabe ya que hacer con Abdu Willy y su compinche, los dos bandidos encarcelados en España, y se limita a prometer más millones a sus parientes en Somalia y que los enviarán de vuelta «pronto», para que los facinerosos no se enfaden.
LA SOBERBIA DEL GOBIERNO
El vodevil es tremendo, pero las posas pudieron seguir otro curso y hubiera bastado que Zapatero, María Teresa de la Vega y Carmen Chacón hubieran sido menos soberbios y hubieran escuchado lo que les sugerían con timidez los militares.
Si en lugar de echarse la culpa unos otros, ponerse de perfil, tratar de endosar el entuerto al juez Baltasar Garzón, presidente, vicepresidenta y ministra hubieran dejado actuar a los expertos, otro gallo cantaría a los 36 secuestrados del Alakrana.
Revela Miguel González en El País -«A la caza del ‘Alakrana’«- que la suerte del atunero vasco secuestrado el pasado 2 de octubre, se jugó en 48 horas, en una desesperada carrera por impedir que los piratas consiguieran llegar con su botín hasta la costa de Somalia.
Fue aquel fin de semana, hace ya 44 días, cuando se adoptaron las decisiones que han convertido el caso en un embrollo jurídico de difícil salida y una vía de agua en la línea de flotación del Gobierno ZP.
DESCARTADO EL ASALTO
La Armada española nunca se planteó asaltar el pesquero. Aunque la fragata Canarias lleva un equipo de Guerra Naval Especial, integrado por 18 militares (especialistas en técnicas como el buceo de combate o el fast-rope, que consiste en descolgarse con cuerdas desde un helicóptero) la presencia en el Alakrana de 13 piratas armados con bazookas, fusiles Kalashnikov y pistolas hacía probable que hubiera bajas en un rescate por la fuerza y esa posibilidad era «inasumible» para un Gobierno que ha hecho de la «paaaaz» y la Alianza de Civilizaciones dos de sus ejes de actuación.
El plan era más inocuo. Se trataba de inducir una avería en el atunero, accidental en apariencia, que lo dejara sin gobierno en alta mar.
La Canarias se acercaría a una distancia prudente y ofrecería su auxilio a los desafortunados piratas, que se encontrarían sin posibilidad de llegar a puerto ni recibir refuerzos.
A partir de ese momento, aplicando el manual que se sigue en todos los secuestros, se abriría la negociación, pero en unas condiciones muy diferentes a las que se dieron luego.
LA VELOCIDAD DEL ATUNERO
El plan sólo tenía un inconveniente. Para ejecutarlo era preciso que la fragata alcanzara al Alakrana y éste se encontraba a 800 millas de distancia, muy lejos de la zona de seguridad que el Ministerio de Defensa había designado a los armadores.
Tras la notificación del secuestro, que se produjo a las 5.30 del viernes, el comandante de la Canarias recibió orden de dirigirse a toda máquina al encuentro del atunero. A una velocidad de 22 nudos, necesitaba casi 40 horas para llegar al lugar del abordaje.
Naturalmente, los piratas no se quedaron a esperarla, sino que se dirigieron a la costa de Somalia, a 413 millas en línea recta. Aún así, el empeño no era imposible, pues navegaban muy despacio, a unos siete nudos.
El panorama cambió inesperadamente a primera hora del sábado. El radar de la fragata detectó un súbito aumento de la velocidad del atunero, que se dobló hasta alcanzar los 14 nudos. ¿Qué había pasado?
EL ESQUIFE DE ABDU WILLY
La respuesta la dieron las imágenes transmitidas por un avión de patrulla marítima P-3 Orión del Ejército del Aire español. El esquife que el Alakrana venía remolcando desde que se produjo el secuestro se había soltado.
El avión lo localizó con dos tripulantes navegando rumbo oeste, hacia la costa más próxima de Somalia, mientras el atunero iba en dirección noroeste, hacia Haradhere, al norte de Mogadiscio.
Con dos objetivos, en vez de uno, se concluyó que ya no era posible alcanzar al Alakrana antes de que se adentrase en aguas peligrosas y se optó porque la fragata persiguiera al esquife.
Fue la primera decisión. La segunda, y más importante, detener a los dos piratas del esquife.
El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el servicio secreto militar, elevó una nota en la que desaconsejaba las detenciones, por el riesgo de represalias hacia los secuestrados y porque podía complicar la negociación del rescate.
EL CNI Y EL MINIGABINETE DE CRISIS
No consta que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -es decir, el principal servicio secreto- hiciera escrito alguno. No hacía falta, pues su director, el general en la reserva Félix Sanz, formaba parte del minigabinete de crisis dirigido por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, junto a los ministros de Defensa, Carmen Chacón, Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, así como el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Julio Rodríguez.
Fue este último quien ordenó al comandante de la Canarias efectuar las detenciones. La decisión fue «asumida por unanimidad», y por tanto a posteriori, por la célula de coordinación.
Lo sorprendente es que, pese a tratarse de un secuestro, el Ministerio del Interior, que tiene los mejores expertos en la materia, nunca ha formado parte de esta célula.
RUBALCABA NI ESTÁ NI SE LE ESPERA
Tampoco de otra, a nivel técnico, que integraron altos cargos de los mismos departamentos para seguir la crisis.
Desde el punto de vista de la Armada, la captura de los dos piratas era no sólo una obligación legal -se trataba de presuntos delincuentes pillados in fraganti, o casi- sino también de un premio de consolación tras haberse escapado el Alakrana.
Las primeras explicaciones públicas sobre el secuestro las dio el general Jaime Domínguez Buj, jefe del Mando de Operaciones, como si se tratara de un asunto militar, sin implicaciones políticas.
Pero el problema de qué hacer con los detenidos era político. Y de mucho calado.
Tras su captura -a las nueve de la noche del sábado, a 120 millas de Somalia, en una operación en la que un pirata resultó herido leve por un disparo- el capitán de la Canarias disponía de 24 horas para comunicarla al juez, so pena de enfrentarse a una posible denuncia por detención ilegal, según un informe jurídico elaborado en junio pasado por Defensa.
LA VICE SE CREE GENERALA
Pero no podía acusarse a nadie de un secuestro que no se había denunciado, por lo que De la Vega se puso en contacto con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ordenó al jefe de la Abogacía del Estado, Joaquín de Fuentes, que presentara una denuncia.
Caamaño recurrió a De Fuentes después de que la fiscalía declinase presentar la denuncia por no ver claras las consecuencias que tendría traer a los piratas a España.
El escrito de la Abogacía del Estado entró en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Baltasar Garzón, a las 2.20 del día 4. La denuncia no se basaba, como sería lógico, en los informes del Ministerio de Defensa, sino en las noticias de prensa:
«Como es público y notorio, por haber sido profusamente recogido por los medios de comunicación, el buque Alakrana […] ha sido capturado por piratas en las costas de Somalia».
La competencia para enjuiciar estos hechos correspondía «inicialmente» a la Audiencia Nacional, «sin perjuicio de lo que pueda resultar de los tratados o convenios» internacionales.
UNOS DETENIDOS INCÓMODOS
No hubo un verdadero debate sobre la posibilidad de entregar a los dos detenidos a Kenia, como se hizo con los 13 piratas capturados en mayo por el petrolero Marqués de la Ensenada.
El Ministerio de Defensa daba por sentado que podría aplicarse el convenio de la UE con dicho país africano, pero consideró que se trataba de un tema jurisdiccional fuera de su competencia y nadie pidió un análisis jurídico de las distintas opciones.
Según la insólita nota que difundió el jueves Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional, Garzón «desconocía que existiera intención de traslado de aquellos [detenidos] a un tercer país», por lo que el lunes, tras recabar informe de la fiscalía, ordenó la presentación de los detenidos ante el juzgado.
«Cuando se cumple la ley no se comete ningún error», alegó el viernes la vicepresidenta Fernández de la Vega, para defenderse.
Es evidente que todos se taparon el culo, de forma que no se le pudiera reprochar nada, pero nadie consideró si los pasos que se iban dando eran coherentes con el objetivo principal: rescatar a los 36 secuestrados.
CRONOLOGÍA DEL SECUESTRO
- – 2 de octubre. Secuestrado el atunero Alakrana, con 36 tripulantes (16 españoles) a bordo, a 413 millas de Somalia.
- – 3 de octubre. La fragata Canarias acude al rescate y detiene en un esquife a dos de los piratas implicados en el secuestro.
- – 4 de octubre. La Abogacía del Estado lo denuncia ante la Audiencia Nacional.
- – 12 de octubre. Los dos detenidos llegan a Madrid. Las dudas sobre la mayoría de edad de uno de ellos, Abdu Willy, obligan a realizarle múltiples pruebas forenses.
- – 5 de noviembre. Los piratas desembarcan a tres de los secuestrados y amenazan con matarlos si los dos detenidos en España no son puestos en libertad.
- – 6 de noviembre. El ministro de Exteriores asegura que los tres desembarcados están de nuevo a bordo.
