El petrolero fue apresado el 21 de agosto, a punta de pistola y por una patrullera, cuando abastecía de combustible a tres barcos pesqueros
Los barcos españoles están en la mira de mafias y extorsionadores. Tras la bajada de pantalones del Gobierno ZP ante los piratas del Alakrana, el petrolero «Virgina G», de la empresa sevillana Gebaspe S.L., aunque opera bajo bandera panameña, permanece apresado, y todavía continúa así, en aguas de Guinea-Bissau, desde el 21 de agosto. La acusación es la de «venta ilegal de combustible».
¿Ha aprendido el Ejecutivo socialista la lección del Alakrana? La debilidad de ZP a nivel internacional envalentona a las mafias del mar. En el caso del Virginia G, la situación se agravó ayer, cuando militares guineanos, – según denuncia Paloma Cervilla en ABC en «Militares guineanos asaltan un petrolero de una empresa española y amenazan a la tripulación»– cuando asaltaron el petrolero, amenazaron de muerte a los 13 tripulantes (de Cuba y Ghana), y mostraron su intención de confiscar el barco y la carga, 500 toneladas de petróleo, esgrimiendo una orden de las autoridades de pesca, aunque con fecha de 30 de noviembre. Una confiscación que ha sido paralizada por un juez guineano.
- Al atunero vasco se le acusaba de pesca ilegal y al «Virginia G» de «venta ilegal de combustible sin autorización», a pesar de que, según el propietario de la empresa a la que pertenece el barco, José Antonio Gámez, tenían todos los permisos en regla.
El petrolero fue apresado el 21 de agosto, a punta de pistola y por una patrullera, cuando abastecía de combustible a tres barcos pesqueros (dos canarios y uno de Huelva).
Los cuatro fueron llevados a puerto y no se les abrió ningún expediente administrativo, pero la diferencia entre la libertad de unos y el secuestro del «Virginia G» es que los pesqueros pagaron al Gobierno de Guinea cantidades que oscilan entre los 100.000 y los 50.000 euros por cada uno de los barcos, mientras que el petrolero sevillano se negó a pagar y reconocer un delito que no había cometido. Entonces fue cuando se le acusó de «venta ilegal de combustible».